Redacción: Ximena Zarahi Moreno Luna
A casi un año de la entrada en vigor de la ley, pequeños comercios desconocen la normativa mientras los residuos plásticos continúan afectando plantíos, suelos agrícolas y ecosistemas.
La prohibición de plásticos de un solo uso en el Estado de México, vigente desde principios de este año, no sólo ha generado confusión entre pequeños comerciantes, sino que también ha prolongado un problema ambiental con impactos directos en los suelos agrícolas, los cultivos y la producción de alimentos.
Durante un recorrido realizado en el primer cuadro de Toluca, particularmente en mercados y negocios de comida, se constató que mientras grandes cadenas ya migraron a empaques de papel o materiales reutilizables, fondas, puestos ambulantes y pequeños locales continúan utilizando bolsas, recipientes de unicel y plásticos desechables, en muchos casos por desconocimiento de la ley o por falta de alternativas accesibles.
El Código para la Biodiversidad del Estado de México prohíbe envases y empaques diseñados para un solo uso que no sean reutilizables, reciclables, compostables o valorizables; sin embargo, contempla excepciones como los empaques primarios y aquellos requeridos por razones de higiene o salud, lo que ha dado lugar a interpretaciones diversas entre comerciantes.
Más allá del cumplimiento normativo, especialistas advierten que la persistencia del uso de plásticos de un solo uso representa un riesgo ambiental serio. Una vez desechados, estos materiales tardan décadas o incluso siglos en degradarse y, en ese proceso, se fragmentan en microplásticos que se infiltran en el suelo agrícola.
Estos microplásticos alteran la estructura del suelo, reducen su capacidad de retener agua y nutrientes, y afectan la actividad de microorganismos esenciales para la fertilidad. En plantíos de maíz, hortalizas y frutales, la contaminación del suelo puede traducirse en una menor productividad y en cultivos más vulnerables al estrés hídrico y a las plagas.
Además, los plásticos abandonados o mal gestionados obstruyen canales de riego y sistemas de drenaje, afectando la distribución del agua en zonas agrícolas. Cuando son arrastrados hacia ríos y presas, impactan la calidad del agua utilizada para riego, lo que incrementa los costos de producción y pone en riesgo la seguridad alimentaria.
La quema informal de residuos plásticos, una práctica común en zonas periurbanas y rurales, libera sustancias tóxicas que contaminan el aire y se depositan posteriormente en los suelos de cultivo, afectando tanto a los ecosistemas como a la salud de las comunidades agrícolas.
Comerciantes entrevistados coinciden en que la falta de información y acompañamiento ha dificultado la transición hacia materiales sustentables. Señalan que los empaques biodegradables tienen un costo mayor y que no existen canales claros para acceder a proveedores confiables, lo que impacta directamente en sus márgenes de ganancia.
Autoridades ambientales han señalado que la ley tiene un enfoque preventivo y que su implementación debe ser gradual; no obstante, especialistas consideran que sin una estrategia de capacitación, incentivos y apoyo a pequeños negocios, la contaminación por plásticos seguirá trasladándose del consumo urbano a los campos agrícolas.
La reducción efectiva de plásticos de un solo uso no sólo es una medida ambiental, sino una acción clave para proteger los suelos, garantizar la productividad agrícola y preservar los recursos naturales de los que depende la alimentación de millones de personas.
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