Una década después del derrame de 40 millones de litros de residuos tóxicos por la minera Buenavista del Cobre de Grupo México, la remediación de los daños en la cuenca del río Sonora sigue siendo una promesa incumplida. Las comunidades afectadas continúan enfrentando altos niveles de metales pesados en el agua, y la empresa responsable sigue acaparando recursos hídricos cruciales para la región.
El 6 de agosto de 2014, un derrame masivo de sulfato de cobre acidulado contaminó el río Sonora, afectando a más de 22,000 residentes de ocho municipios. Este desastre es considerado uno de los peores en la historia de la minería en México. A pesar de las promesas iniciales de remediación y justicia, los niveles de metales pesados como aluminio, antimonio, arsénico y bario siguen siendo alarmantemente altos en el agua de la cuenca.
El dictamen de diagnóstico ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha confirmado la persistente contaminación crónica en la región. Las muestras recientes de agua y sedimentos superan los límites permisibles para varios metales pesados, incluyendo mercurio, el cual no está presente de forma natural en la geología local. Estos hallazgos sugieren una falta de remediación efectiva y una continua amenaza para la salud pública.
Los habitantes de las localidades cercanas al río han reportado graves problemas de salud debido a la exposición a metales pesados. Los niveles elevados de plomo, cadmio y arsénico en sus cuerpos han causado enfermedades graves y muertes. Además, la falta de atención médica especializada en toxicología ha dejado a estas comunidades en una situación de vulnerabilidad extrema.
Martha Patricia Velarde, integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), ha denunciado que las autoridades continúan evadiendo sus responsabilidades. A pesar de las reuniones con directivos de Grupo México, las promesas de remediación y justicia siguen sin cumplirse.
Los CCRS han solicitado a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que no olvide a las comunidades afectadas y actúe con firmeza para garantizar justicia y reparación. Esto incluye medidas urgentes para descontaminar el río, proporcionar atención médica adecuada y asegurar que Grupo México cumpla con sus obligaciones legales y morales.
La Semarnat ha subrayado que la minera acapara el 57% del volumen concesionado de agua subterránea en la región, exacerbando la sobreexplotación de los acuíferos. Esta situación no solo afecta la disponibilidad de agua potable sino que también pone en riesgo los ecosistemas locales.
A pesar de las evidencias y las múltiples denuncias, Grupo México ha evadido en gran medida las responsabilidades de reparación y compensación. Las multas e indemnizaciones pagadas hasta ahora no han cubierto los efectos directos e indirectos del desastre en la población y el medio ambiente.
La falta de acción efectiva ha dejado a las comunidades de Aconchi, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Cananea, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures en un estado de desesperanza y frustración. La contaminación sigue siendo una amenaza constante, y la promesa de un ambiente sano y agua libre de metales pesados sigue sin cumplirse.
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