Redacción Marlone Serrano
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este jueves una opinión consultiva histórica que establece la obligación de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de actuar de manera decidida frente al cambio climático. El documento, de 234 páginas, busca ser una guía legal para las 34 naciones integrantes del organismo y marcará un precedente en la relación entre derechos humanos y justicia ambiental.
La opinión consultiva —solicitada en 2023 por los gobiernos de Colombia y Chile— destaca que los Estados deben no solo reducir las emisiones contaminantes, sino también proteger a su población, en especial a los sectores más vulnerables, de los efectos adversos del cambio climático. La Corte resalta el derecho de las generaciones futuras a un ambiente sano, la obligación de garantizar participación comunitaria en decisiones ambientales y la protección de defensores ambientales, que en América Latina enfrentan altos índices de violencia.
“La postura de la Corte aísla a quienes se oponen a una evolución del derecho ambiental”, declaró Antonio Herman Benjamin, juez y presidente del Instituto Judicial Global para el Medio Ambiente, en entrevista con DW.
El documento también adopta un enfoque interseccional, considerando cómo el cambio climático impacta de manera diferenciada a niñas, niños, adolescentes, mujeres y pueblos originarios. Para Sergio Chaparro Hernández, de la organización Dejusticia, esto supone que las políticas ambientales deberán también enfrentar la pobreza y la desigualdad estructural en la región.
Aunque la opinión consultiva no es jurídicamente vinculante, expertos consideran que su valor normativo y ético tendrá un peso decisivo en los litigios ambientales que avanzan en América Latina. Tan solo en 2024, países como Argentina, México, Brasil y Perú registraron un aumento en demandas climáticas contra gobiernos y empresas contaminantes.
Esta resolución se suma a una ola de jurisprudencia global en torno al cambio climático. En abril de 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor de un grupo de mujeres suizas que demandaron a su gobierno por no actuar contra el calentamiento global. Poco después, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar también se pronunció sobre la obligación de los Estados de controlar las emisiones que contaminan los océanos.
Para Laura Restrepo Alameda, de la Red de Acción Climática de América Latina, esta decisión “refuerza las herramientas de la sociedad civil y los jueces comprometidos con una transformación urgente”.
La CIDH deja claro que los gobiernos ya no pueden evadir su responsabilidad ambiental sin enfrentar consecuencias jurídicas, políticas y sociales. El mensaje es contundente: el derecho al futuro es también un derecho humano.
