Redacción: Guicel Garrido
La minería ilegal se ha convertido en una catástrofe ambiental y social en Perú, avanzando sin control en regiones amazónicas como Huánuco y Ucayali. Las operaciones ilícitas no solo han transformado miles de hectáreas de selva virgen en zonas de devastación, sino que han tejido una compleja red de contaminación, criminalidad y apoyo comunitario, exponiendo la grave ausencia del Estado en estos territorios.
La magnitud del daño ambiental es alarmante, documentos de la Fiscalía Ambiental y la Armada peruana revelan el uso de dragas industriales y maquinaria pesada que altera irreversiblemente el paisaje y el curso natural de los ríos.
- Contaminación Masiva: El principal agente de destrucción es el mercurio, utilizado para separar el oro. Esta sustancia contamina gravemente los ríos y suelos, afectando la salud humana y provocando una pérdida irreparable de biodiversidad. Lo que antes era un “paraíso verde” es ahora tierra arrasada y cráteres de aguas contaminadas.
- Transformación Territorial: En zonas como Pampas Verdes, el bosque ha sido reemplazado por talleres de extracción y viviendas precarias, evidenciando el descontrol territorial.
La actividad ilegal es impulsada por un incentivo económico monumental. Según la Fiscalía Ambiental, está minería genera más de 12.000 millones de soles anualmente, una cifra que en ciertas zonas supera los ingresos del narcotráfico.
Esta vasta operación cuenta con una estructura criminal identificada, que incluye figuras clave en la logística y financiación de las actividades. Sin embargo, las intervenciones de las autoridades se ven obstaculizadas no solo por la logística criminal, sino por un factor social inesperado. La ausencia de un gobierno efectivo ha generado un vínculo social entre los mineros ilegales y algunas comunidades locales, como en Tahuantinsuyo.
- Apoyo Social: Las mafias de la minería ilegal financian proyectos vitales como carreteras y escuelas, generando el apoyo tácito de la población.
- Ingresos Vitales: A pesar de ser conscientes del daño medioambiental, los habitantes consideran la minería ilegal una fuente de ingresos vitales para su subsistencia.
Este apoyo permite a las mafias operar con total impunidad, enfrentando a las autoridades con violencia durante las operaciones conjuntas. La destrucción de maquinaria por la Marina y la Fiscalía, aunque necesaria, resulta insuficiente. Los campamentos mineros han reemplazado a los pueblos, y la falta de control estatal garantiza que esta catástrofe ambiental continúe expandiéndose, devorando los recursos naturales y a las comunidades que dependen de ellos.
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