Redacción: Daniel Noriega
La OMC y diversos países buscan eliminar los subsidios a los combustibles fósiles para frenar la crisis climática y acelerar la transición energética global.
Mientras el termómetro global sigue rompiendo récords, financiar la raíz del problema ya no es una opción viable. En un esfuerzo contrarreloj, la Organización Mundial del Comercio (OMC) está delineando nuevas y urgentes estrategias para desmantelar de una vez por todas los multimillonarios subsidios a los combustibles fósiles.
La controversia climática de nuestro siglo es evidente: firmamos acuerdos para salvar el planeta, pero las instancias públicas siguen financiando a las industrias que lo asfixian. Ante este escenario, la más reciente reunión de la iniciativa de Reforma de las Subvenciones a los Combustibles Fósiles (RSCF) dentro de la OMC, celebrada el 16 de febrero de 2026, dejó claro que la diplomacia ambiental tiene que pasar de las promesas a las acciones financieras. Con el respaldo de casi medio centenar de países miembros, la agenda apunta directamente a cortar los fondos económicos que mantienen a flote a los sectores más contaminantes del mundo.
Para entender la magnitud del problema, basta observar el análisis presentado por la Secretaría de la OMC. El documento expone cómo las inyecciones de capital estatal benefician desproporcionadamente a industrias de altísimas emisiones, como las del acero, aluminio, cemento y plásticos. Estas ayudas económicas no solo eliminan cualquier incentivo real para migrar hacia energías limpias, sino que distorsionan brutalmente los mercados globales, generando un exceso de capacidad y una competencia desleal contra las alternativas renovables que luchan por abrirse paso.
Frente a esta resistencia, han surgido hojas de ruta bastante claras. El Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) puso sobre la mesa un marco de acción diseñado para que las potencias del G20 dejen de dar excusas. La propuesta es tajante: se necesitan planes nacionales con fechas de caducidad inamovibles, donde los subsidios se clasifiquen para una eliminación rápida o una reforma secuenciada. La idea es que los gobiernos no dejen desprotegidas a las poblaciones vulnerables, pero que tampoco usen la estabilidad económica como pretexto para seguir quemando carbón y petróleo.
En este complejo tablero internacional, América Latina está levantando la mano. Colombia se ha posicionado como un caso de estudio sumamente interesante, compartiendo su experiencia en la reducción estructural del financiamiento a estos hidrocarburos sin desestabilizar su macroeconomía. De hecho, el país sudamericano, en conjunto con la Unión Europea, se prepara para ser el epicentro del debate global al organizar la Primera Conferencia sobre la Transición hacia el Abandono de los Combustibles Fósiles, que se llevará a cabo a finales de abril en Santa Marta, Colombia. Este evento promete ser un punto de quiebre para movilizar al sector privado e implementar verdaderos incentivos financieros hacia la transición.
Pero más allá de los balances económicos, el debate tiene un profundo peso moral y de supervivencia. El posicionamiento de las Vanuatu durante las sesiones fue un balde de agua fría para los negociadores. Apoyándose en la reciente Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia, la nación isleña recordó que subsidiar los combustibles fósiles impulsa directamente emisiones que amenazan la existencia misma de los Estados vulnerables. Cuando el aumento del nivel del mar está a punto de borrar a tu país del mapa, la eliminación gradual de estos subsidios deja de ser un tema de comercio y se convierte en una cuestión de derechos humanos elementales.
Con la 14.ª Conferencia Ministerial de la OMC asomándose en el horizonte para el mes de marzo en Camerún, los copatrocinadores de esta reforma tienen la presión de entregar resultados tangibles y vinculantes. Desenganchar a la economía mundial de su adicción a los combustibles fósiles será doloroso y complejo, pero mantener el estatus quo es garantizar un colapso irreversible.
La transición energética justa es, hoy por hoy, la única inversión que nos asegura un mañana.
