Las empresas eólicas en México han solicitado a Luz Elena González, nueva titular de la Secretaría de Energía, que establezca una agenda enfocada en la transición energética. Este llamado se da en un contexto global donde la sostenibilidad y la reducción de emisiones se han vuelto cruciales. Las empresas enfatizan la necesidad de políticas claras y a largo plazo que promuevan la inversión en energías renovables, especialmente en un país con un alto potencial para la generación de energía eólica y solar.
El desafío de la transición energética no es exclusivo de México. A nivel global, la necesidad de reducir la dependencia de combustibles fósiles y de diversificar las fuentes de energía se ha vuelto urgente, especialmente a raíz de la guerra en Ucrania, que ha exacerbado la volatilidad del mercado energético. Europa, por ejemplo, ha intensificado sus esfuerzos para disminuir su dependencia del gas ruso a través del plan RePowerEU, que fomenta el ahorro de energía y la aceleración del despliegue de energías renovables.
México enfrenta varios desafíos en su camino hacia la transición energética. Uno de los principales obstáculos es la infraestructura existente y la necesidad de una mayor inversión en redes y tecnologías de energías limpias. Sin embargo, el país también cuenta con importantes oportunidades. México posee vastos recursos naturales, incluyendo un alto potencial para la energía solar y eólica, que podrían ser explotados de manera más efectiva con el apoyo adecuado.
Países como Uruguay han demostrado que es posible realizar una transición energética exitosa. Uruguay ha implementado políticas a largo plazo que incluyen no solo consideraciones técnicas y económicas, sino también dimensiones sociales, éticas y culturales. Estas políticas han permitido al país convertirse en un líder en el uso de energías renovables, con significativas inversiones en energía eólica y solar.
Para que México logre una transición energética efectiva, es fundamental adoptar una estrategia integral que aborde tanto la descarbonización como la seguridad energética y la asequibilidad. Esto incluye fomentar la inversión en infraestructura de energía renovable, promover la cooperación entre el sector público y privado, y garantizar que las políticas energéticas sean sostenibles y equitativas a largo plazo.
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