COLUMNA HORAS EXTRAS
Ciudad de México, 5 Agosto 2025.- Cuando Aldo Micheletti, CEO del conglomerado AMMI, aterrizó en Salamanca prometiendo una revolución agroindustrial, traía bajo el brazo algo más que planos y discursos de inversión. Prometía más de mil empleos directos e indirectos, desarrollo regional y un parteaguas para el Bajío. Detrás de la retórica, sin embargo, se escondía lo que hoy conocemos como una estructura de impunidad corporativa, respaldada por promesas rotas, evasión de responsabilidades y una deuda millonaria con trabajadores mexicanos.
El nombre de la empresa es Millfoods, y su planta industrial en Salamanca fue presentada con bombo institucional como símbolo del nuevo agro global. Pero hoy, la realidad es otra: decenas de trabajadores, técnicos y proveedores que participaron en la construcción y puesta en operación de la planta, no han recibido el pago correspondiente por su labor. La inversión se convirtió en deuda; la promesa, en juicio.
Ante la falta total de disposición para conciliar, los afectados iniciaron un proceso legal formal. El caso ya se encuentra en manos del Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Guanajuato, lo que demuestra la seriedad del conflicto y el fracaso absoluto del diálogo con la empresa.
Lo más grave no es sólo el impago. Es la narrativa con la que se quiso disfrazar. Millfoods utilizó el nombre y la reputación de Grupo Modelo para dar credibilidad a su proyecto. Fotografías conjuntas, comunicados cruzados y menciones públicas convirtieron a Modelo en garante simbólico de la inversión. Hoy, ese aval arrastra también su propio prestigio, al aparecer junto a Millfoods en las demandas laborales como parte corresponsable de los adeudos.
Y no se trata de inconformidades menores. Lo que está en juego es el salario de quienes pusieron en marcha una planta que ya opera, que ya produce, y que ya fue entregada funcionalmente. Las deudas superan los cinco millones de pesos. Pero más allá del monto, el mensaje que deja este caso es profundamente tóxico: en México, al parecer, se puede invertir, construir, operar y largarse sin pagar a quienes hicieron posible el proyecto.
La figura de Micheletti, con su discurso de desarrollo agroexportador, encarna la doble moral del capital transnacional: exige garantías, estímulos y reconocimientos, pero elude responsabilidades básicas como el pago de salarios. A eso le llaman “atracción de inversión”. Pero para los trabajadores, se traduce en precariedad, desprecio y abuso.
Este caso debe encender alarmas, no sólo en los tribunales, sino en las oficinas públicas que lo impulsaron. ¿Dónde están hoy los funcionarios que presentaron este proyecto como ejemplo? ¿Quién responde por el daño causado por empresas que, con acento extranjero y promesas doradas, terminan dejando facturas sin pagar y familias sin sustento?
No basta con anunciar empleos. Hay que cumplirlos. No basta con cortar listones. Hay que pagar a quienes ponen los cimientos. La justicia laboral no puede ser selectiva ni postergable. Si un trabajador mexicano no cobra por su trabajo, y las autoridades no lo protegen, entonces el modelo económico entero está fallando.
Este juicio no es solo una demanda judicial. Es también una demanda moral y política contra la permisividad, la complicidad institucional y la falsa modernidad de quienes siguen confundiendo inversión con impunidad. Para muchos, estos incumplimientos de pagos lleva más de un año. Otros afectados tienen nombre y apellido: Alejandro Lara, Director Financiero (CFO) de Estructuras Metálicas de Puebla, confirma un daño patrimonial y acusa, que el conflicto como proveedor les ha afectado en la falta de flujo.
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