Redacción: Guicel Garrido
La Procuración General de la Nación (PGN) emitió un dictamen crucial que encuadra el litigio del “Nuevo Canal de la Patria” dentro de la competencia originaria de la Corte Suprema, al determinar una responsabilidad compartida y conjunta del Estado Nacional y la Provincia de Santiago del Estero.
La disputa legal sobre el impacto ambiental de la obra “Nuevo Canal de la Patria” ha tomado un giro decisivo. La Procuración General de la Nación (PGN) ha emitido un dictamen trascendental que no solo respalda la denuncia de organizaciones ecologistas sino que también establece la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resolver el caso.
El dictamen, fechado el 10 de septiembre, se pronuncia a favor de las ONGs demandantes: Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina, y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Su principal conclusión es que el litigio debe ser tratado directamente por el máximo tribunal debido a la responsabilidad compartida y conjunta entre el Estado Nacional y la Provincia de Santiago del Estero.
Para justificar la intervención directa de la Corte, la PGN analizó los convenios firmados entre la provincia y organismos nacionales como el ex ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento) y la ex Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Estos acuerdos delinearon obligaciones contractuales específicas para el diseño y la ejecución de la obra.
El análisis de la Procuración determina que el Estado Nacional, a través de sus entidades, no solo prometió asistencia financiera sino que también se reservó un poder de supervisión y control, incluyendo la facultad de realizar auditorías técnicas y financieras. Por su parte, la provincia fue la ejecutora e implementadora de la obra, asumiendo la construcción, operación y mantenimiento.
La PGN argumenta que es imposible lograr una solución que repare el daño ambiental a la biodiversidad del Gran Chaco sin la participación de ambas partes sustanciales en la resolución del litigio. El foco de la demanda se centra en la modernización del Canal de la Patria, un proyecto de 2020 que consistió en el revestimiento con hormigón de un tramo de 180 kilómetros.
Las organizaciones ambientalistas denuncian que las paredes de cemento empinadas transforman el canal en una “trampa mortal para la fauna nativa”. Animales que se acercan a beber o intentan cruzar caen y mueren ahogados, lo que genera una alarmante acumulación de cadáveres en putrefacción. Esta situación no solo diezma la fauna local sino que también compromete la calidad del agua para consumo humano.
Adicionalmente, la obra actúa como una barrera física que fragmenta el hábitat, restringiendo el desplazamiento y el flujo genético de las especies, elevando el riesgo de extinción.
Con el dictamen de la PGN en manos, el expediente ya circula entre los despachos de los ministros del Máximo Tribunal. Las organizaciones esperan una pronta decisión que incluya medidas cautelares urgentes para detener la mortandad animal y ordene la ejecución de un Plan de Recomposición integral del ecosistema dañado.
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