Redacción: Javier Escárcega
A casi cuatro años del cierre de la mina Calica en Quintana Roo, la vegetación comienza a reaparecer en los terrenos explotados, mientras el caso sigue marcado por un litigio internacional y un debate profundo sobre los daños ambientales causados.
La clausura de la mina de piedra caliza Calica, hoy denominada Sac-Tun, ordenada en mayo de 2022 por el gobierno federal, marcó un punto de quiebre en la relación entre México y la empresa estadunidense Vulcan Materials Company. Durante décadas, la extracción industrial con explosivos transformó más de mil hectáreas de selva en un enorme cráter visible desde el aire. Hoy, ese paisaje comienza a mostrar signos incipientes de recuperación natural.
Un sobrevuelo con dron realizado por MILENIO permitió constatar que, en distintas zonas del polígono explotado, brota nuevamente vegetación donde antes no existía cobertura vegetal. Aunque el daño ambiental fue profundo, la lenta regeneración sugiere que algunos procesos ecológicos empiezan a restablecerse. Este fenómeno ocurre ahora que el sitio permanece cerrado y bajo un régimen de protección ambiental.
La mina forma parte actualmente de una nueva Área Natural Protegida (ANP) denominada Felipe Carrillo Puerto, creada en septiembre de 2024. Esta ANP abarca más de 53 mil hectáreas en los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel, e incluye los predios de la antigua mina, pese a que siguen siendo propiedad de Vulcan y están sujetos a arbitraje internacional.
El gobierno mexicano argumentó que la operación de Calica constituyó un ecocidio, motivo por el cual incluso se presentó una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, el dictamen oficial de impactos ambientales elaborado por la CONANP, el IMTA y el INECC permanece reservado, ya que forma parte de las pruebas dentro del litigio ante el CIADI, dependiente del Banco Mundial.
El conflicto legal se originó en 2018, al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando Vulcan inició un arbitraje bajo el marco del entonces Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. A las reclamaciones iniciales se sumaron posteriormente las decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluyendo el cierre definitivo de la mina y del puerto de Punta Venado.
En octubre de 2025, la Semarnat informó que un tribunal federal mexicano confirmó que Calica explotó alrededor de mil 200 hectáreas, el doble de lo autorizado. La resolución permitió a la empresa ingresar únicamente para tareas de remediación y restauración ambiental, bajo supervisión oficial, aunque los detalles de la sentencia no fueron hechos públicos.
Estudios previos de la CONANP documentaron daños severos al ecosistema: afectaciones a cenotes y ríos subterráneos, caída del nivel freático, pérdida de vegetación, desplazamiento de fauna emblemática como jaguares y monos, y contaminación del aire por partículas. Aunque el dictamen ambiental sigue sin conocerse, la declaratoria del ANP abre la posibilidad de una recuperación parcial de los servicios ambientales, convirtiendo a la antigua mina en un símbolo del choque entre desarrollo extractivo, conservación y soberanía ambiental.
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