Redacción: Inés Arroyo
México tiene una oportunidad histórica para transformar su sistema energético. La transición hacia fuentes limpias y descentralizadas no solo es una respuesta al cambio climático, también es una vía para modernizar la economía, reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida en las ciudades.
Hoy, el modelo centralizado de generación eléctrica representa un riesgo: decisiones políticas pueden afectar directamente la estabilidad económica del país. Frente a ello, la generación distribuida —es decir, que los ciudadanos puedan producir su propia energía, por ejemplo, desde los techos de sus viviendas— se plantea como una alternativa viable y urgente.
La movilidad también está cambiando. El uso de vehículos eléctricos que se cargan con energía solar producida en casa ya es posible. Esta transformación no solo reduce la dependencia de combustibles fósiles, también representa un ahorro a largo plazo para las familias.
México cuenta con una de las mayores radiaciones solares del mundo. Este recurso natural es una ventaja competitiva para avanzar hacia un sistema energético más limpio. Sin embargo, aprovecharlo requiere voluntad política, reglas claras y una inversión sostenida.
En las ciudades se concentra cerca del 70% del consumo de energía. Por eso, ahí debe centrarse gran parte del esfuerzo. El desarrollo de transporte público eléctrico, la eficiencia energética en edificios y el uso de soluciones basadas en la naturaleza pueden mejorar el aire que respiramos y reducir enfermedades.
La transición energética también debe ser equitativa. Aunque México no es el mayor emisor de gases de efecto invernadero, sí tiene responsabilidades. A nivel global, el 10% más rico de la población genera la mayor parte de las emisiones. Este grupo, con altos niveles de consumo, debe asumir un mayor compromiso. Un impuesto al carbono sería una herramienta efectiva y justa para financiar la transformación.
Además, cerca de 100 empresas concentran gran parte de la contaminación mundial. A ellas debe exigírseles una transición real, con metas claras y medibles.
Transformar el sistema energético no es solo un tema ambiental. Es una apuesta por la justicia social, por proteger a los más vulnerables y por construir un país más resiliente, moderno y sostenible.
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