Redacción: Hena M. Andrés Cuevas
Un informe del PNUMA advierte que la transición energética solo será sostenible si la extracción de minerales se hace con gobernanza y responsabilidad social.
La transición energética está impulsando una creciente demanda de minerales esenciales para tecnologías limpias, como litio, cobre, níquel y cobalto. Sin embargo, este impulso hacia un futuro más verde plantea interrogantes sobre quién se beneficia realmente y bajo qué condiciones se lleva a cabo esta extracción. Un informe reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que el modelo actual de extracción y financiamiento de minerales necesita una transformación profunda, centrada en la justicia y la gobernanza ambiental.
El documento señala que, si los países y las empresas no corrigen las prácticas actuales del sector minero, la transición energética podría replicar desigualdades históricas: comunidades desplazadas, contaminación sin reparación y beneficios concentrados en pocas manos. En lugar de aumentar la producción a cualquier costo, se propone transformar las reglas del juego mediante más transparencia, rendición de cuentas y mecanismos que aseguren que las poblaciones locales participen en las decisiones que afectan sus territorios. La extracción de minerales críticos no puede separarse de los derechos humanos ni del desarrollo sostenible; esto implica exigir estándares ambientales y sociales más altos para obtener licencias, publicar datos claros sobre impactos y beneficios, y asegurar que los proyectos incluyan planes de cierre responsables. Además, los países consumidores y los inversionistas deben garantizar que las cadenas de suministro sean trazables y limpias desde el origen, asegurando que los minerales utilizados en tecnologías verdes no generen impactos negativos en comunidades vulnerables.
El informe también enfatiza que la “minería verde” no puede depender de inversiones opacas ni de bancos que ignoran las consecuencias sociales y ambientales de los proyectos que financian. Por ello, se propone que los flujos financieros internacionales incluyan criterios ambientales y sociales obligatorios, no voluntarios, para evitar que la rentabilidad se imponga sobre la equidad. En otras palabras, el dinero también debe rendir cuentas y alinearse con estándares globales de sostenibilidad, garantizando que los beneficios de la transición energética se distribuyan de manera justa.
El mensaje central del PNUMA es que sin una gobernanza sólida, la transición energética no será justa. No se trata solo de reducir emisiones o cambiar fuentes de energía, sino de construir instituciones capaces de equilibrar el poder y proteger a las personas que viven en las zonas donde se extraen los recursos. La gobernanza efectiva incluye políticas claras, monitoreo continuo, mecanismos de rendición de cuentas y participación comunitaria en todos los niveles de toma de decisiones. Este enfoque es fundamental para prevenir conflictos socioambientales y asegurar que las inversiones en energías limpias contribuyan realmente al desarrollo sostenible y a la equidad social.
El informe busca abrir un debate sobre la responsabilidad compartida entre gobiernos, empresas e inversionistas, destacando que la sostenibilidad no puede limitarse a la reducción de emisiones ni a la producción de energía limpia. La justicia ambiental debe ser parte integral de cualquier estrategia de transición energética. Solo mediante la aplicación de normas claras, la supervisión efectiva y el compromiso activo de todos los actores involucrados será posible garantizar que los minerales del futuro se extraigan de manera responsable, sin generar daños a comunidades ni al medio ambiente, y contribuyendo de manera real a un planeta más sostenible.
¿Te gustó nuestra nota? ¡Contáctanos y deja tu comentario! AQUÍ
Conoce nuestra red ANCOP Network AQUÍ
