Redacción: Raquel García

La seguridad alimentaria es una preocupación creciente en América Latina y el Caribe, donde la volatilidad climática, los conflictos geopolíticos y las brechas estructurales amenazan la estabilidad del acceso a alimentos suficientes y nutritivos. En este contexto, organismos internacionales y gobiernos nacionales han instado recientemente a fortalecer la productividad agrícola como vía esencial para garantizar la seguridad alimentaria regional, basando sus propuestas en la evidencia de diagnósticos sectoriales actualizados al cierre de 2025.
Los datos revelan que, a pesar de una ligera recuperación en la productividad laboral agrícola del 2,2% entre 2023 y 2024, la agricultura, ganadería y silvicultura continúan situándose como los sectores de menor productividad, representando apenas el 44% del promedio global en la región. Esta brecha obedece a numerosos factores: predominio de pequeñas explotaciones con bajo acceso a crédito, tecnologías y capacitación; limitada infraestructura rural; degradación de suelos y recursos hídricos; y rezago en la innovación bioagropecuaria. Si bien los países del Cono Sur exhiben mejores desempeños, Centroamérica y el Caribe enfrentan mayores vulnerabilidades debido a las sequías y al limitado aprovechamiento tecnológico.
Los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo y la FAO coinciden en que el aumento de la productividad agrícola, lejos de depender únicamente de la expansión de la frontera agrícola, debe basarse en el impulso de la investigación científica, la formación de capital humano rural, el acceso equitativo a financiamiento y mercados, y la adopción de tecnología climáticamente inteligente. La inversión en prácticas regenerativas, sistemas de riego eficientes, cobertura de seguros ante desastres y gestión integrada de cultivos y recursos naturales figura entre las acciones más recomendadas a nivel regional.
Si América Latina y el Caribe aspiran a superar la denominada “trampa de baja capacidad para crecer”, es imprescindible aplicar políticas públicas integrales que promuevan el desarrollo rural, el fortalecimiento de cadenas de valor y el cierre de brechas digitales en el agro. Igualmente, los organismos multilaterales han llamado a una articulación estratégica para reducir la heterogeneidad entre países, abordando desafíos comunes de manera colectiva y responsable, como el impacto del cambio climático, la preservación de la biodiversidad y la estabilidad alimentaria para comunidades vulnerables.
En resumen, el futuro de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe depende de hacer de la productividad agrícola una prioridad transversal, acompañada de inversiones sostenibles, innovación, inclusión social y resiliencia climática, que permitan al sector sobrevivir y prosperar en condiciones cada vez más inciertas y exigentes
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