Redacción: Javier Escárcega
Tras el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, especialistas y organizaciones civiles coinciden en que México enfrenta un panorama ambiental complejo rumbo a 2026.
Uno de los principales señalamientos de especialistas es que el primer año de la administración de Sheinbaum no ha cumplido con las expectativas de una política ambiental estratégica, pese a su formación científica. Si bien se reconocen algunos avances, el balance general apunta a recortes presupuestales en el sector ambiental, la continuidad de megaproyectos ligados a combustibles fósiles y una débil protección de áreas naturales terrestres y marinas. Para expertos, estos factores comprometen la capacidad del país para enfrentar la crisis climática. Además, evidencian una falta de articulación entre las políticas ambiental, energética y de seguridad. Todo ello genera un escenario de alta vulnerabilidad para los ecosistemas.
La violencia contra personas defensoras del territorio se mantiene como uno de los retos más graves. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Estado fue el principal agresor en más del 65 por ciento de los casos documentados en 2024, seguido por empresas privadas. Especialistas señalan que la autoridad suele reaccionar solo después de las agresiones, sin realizar análisis preventivos de riesgo. Casos como el de defensores criminalizados por oponerse al Tren Interoceánico en Oaxaca reflejan esta problemática. La criminalización se ha convertido en el mecanismo más recurrente para silenciar la protesta social. Este contexto exige un replanteamiento profundo de las políticas de protección.
La implementación efectiva del Acuerdo de Escazú es otro desafío clave para 2026. Expertos advierten que no basta con firmar compromisos internacionales, sino que se requieren rutas claras, mecanismos de seguimiento y responsabilidades definidas. La falta de recursos humanos y financieros ha rebasado a los mecanismos de protección existentes, tanto a nivel federal como estatal. Además, el Poder Judicial juega un papel central en la investigación y sanción de agresiones contra defensores ambientales. Sin un enfoque integral y coordinado, el acceso a la justicia ambiental seguirá siendo limitado. Esto debilita la confianza de la sociedad civil en las instituciones.
En materia presupuestal, las Áreas Naturales Protegidas enfrentan un escenario contradictorio. Aunque hubo un aumento de último momento para 2026, especialistas consideran que el monto sigue siendo insuficiente frente a las necesidades actuales. El presupuesto de la Conanp, por ejemplo, se mantiene por debajo del que tenía hace una década, a pesar de que hoy administra más territorio. Además, organizaciones civiles han señalado la falta de transparencia sobre el destino de los recursos. Existe preocupación de que el dinero no se traduzca en acciones directas de conservación, restauración y protección de especies. La vigilancia ciudadana será clave para exigir rendición de cuentas.
La reducción de recursos también afecta a instituciones clave como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Con menos presupuesto, se limita la capacidad de inspección, vigilancia y sanción de delitos ambientales. Esto resulta especialmente grave en sectores como el manejo de residuos peligrosos, donde la cobertura ya era insuficiente. Expertos advierten que la falta de presencia institucional favorece el avance de proyectos irregulares en regiones ecológicamente vulnerables. La debilidad de la aplicación de la ley ambiental incrementa los riesgos para la salud y los ecosistemas. Este recorte presupuestal se traduce en mayor impunidad ambiental.
En el ámbito forestal, México enfrenta uno de los escenarios más críticos de los últimos años. Tan solo en 2024 se registraron más de 93 mil hectáreas de bosques afectados, principalmente por incendios, lo que colocó al país entre los diez con mayor pérdida de bosques primarios a nivel mundial. La deforestación en la Península de Yucatán se mantiene como un foco rojo, impulsada por la agroindustria, el turismo y megaproyectos como el Tren Maya. Especialistas advierten que la reducción presupuestal limita la capacidad de respuesta ante incendios y procesos de restauración. La presión sobre selvas y bosques continúa aumentando. Esto compromete la biodiversidad y los servicios ambientales.
La política energética y climática representa uno de los mayores retos estructurales. Aunque México presentó compromisos climáticos más ambiciosos en la COP30, organizaciones señalan contradicciones entre estos objetivos y la apuesta por infraestructura fósil. La dependencia del gas importado de Estados Unidos y la situación financiera de Pemex colocan al país en una posición vulnerable. Además, se anticipan conflictos sociales en territorios donde se planean parques industriales y proyectos energéticos. Comunidades costeras y rurales advierten que siguen absorbiendo los costos ambientales del modelo energético actual. En 2026, el segundo año de gobierno será decisivo para definir si México avanza hacia una transición justa o profundiza estas tensiones.
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