Redacción: Ximena Zarahi Moreno Luna
Entre megaproyectos, violencia y falta de consulta, los pueblos originarios siguen sosteniendo la protección de los ecosistemas.
En México, las comunidades indígenas han sido históricamente las guardianas de los territorios, bosques, montañas, ríos y selvas que hoy sostienen gran parte de la biodiversidad del país. Su defensa del territorio no solo responde a una relación cultural y espiritual con la tierra, sino también a la necesidad de preservar sus modos de vida frente al avance de megaproyectos y actividades extractivas que ponen en riesgo sus recursos y su sobrevivencia.
Aunque la Constitución reconoce sus derechos y diversos tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, establecen la obligación de garantizar consultas libres, previas e informadas, en la práctica estos procesos suelen ser incompletos, manipulados o inexistentes. Esto ha generado tensiones profundas entre comunidades, gobiernos y empresas, especialmente en sectores como minería, energía, infraestructura y explotación forestal.
La defensa del territorio se ha convertido en una tarea peligrosa. México figura, desde hace años, entre los países con mayor número de agresiones y asesinatos contra personas defensoras del medio ambiente y líderes comunitarios. Estas agresiones suelen estar vinculadas a intereses económicos, disputas por recursos naturales y la presencia del crimen organizado en zonas estratégicas. A pesar de ello, los pueblos originarios continúan articulando para proteger su entorno.
En diversas regiones, comunidades han impulsado procesos autonómicos, sistemas de vigilancia comunitaria, asambleas abiertas y tribunales indígenas que buscan mantener el control sobre sus tierras. Algunos ejemplos incluyen policías comunitarias, monitoreo ambiental participativo, brigadas de reforestación y estructuras de gobierno propio que deciden sobre el uso del territorio. Estos mecanismos han demostrado ser más eficientes y legítimos que muchas instituciones estatales.
Sin embargo, especialistas y organizaciones coinciden en que la defensa indígena enfrenta tres grandes obstáculos:
- Imposición de proyectos sin consulta real.
- Criminalización y amenazas contra defensoras y defensores.
- Falta de reconocimiento pleno de la autonomía territorial.
A esto se suma la insuficiencia de programas públicos que integren las necesidades y conocimientos tradicionales de los pueblos originarios. Sin políticas robustas de protección, acompañamiento legal y fortalecimiento comunitario, las comunidades quedan en situación de vulnerabilidad.
Aun así, los pueblos indígenas también lideran soluciones. Diversas comunidades han promovido proyectos de energía renovable comunitaria, turismo de bajo impacto, manejo forestal sostenible y agricultura regenerativa. Estas alternativas demuestran que es posible una relación equilibrada entre desarrollo y conservación si se respeta la autodeterminación. La defensa del territorio no es solo una causa indígena: es una causa ambiental, social y de justicia. Proteger a quienes lo hacen es proteger el futuro del país.
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