Redacción: Guicel Garrido
Los subsidios a combustibles fósiles, que superaron los mil millones de dólares en 2022, son un obstáculo crítico en la lucha contra el cambio climático.
En un momento crucial para la acción climática global, los subsidios a los combustibles fósiles se han consolidado como uno de los mayores obstáculos para la transición hacia un futuro energético sostenible. Estos incentivos económicos, destinados a abaratar la producción y el consumo de petróleo, gas y carbón, tienen un impacto perjudicial y multifacético sobre el planeta, impulsando las emisiones y degradando los ecosistemas.
El efecto más directo de estos subsidios es el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Al mantener los combustibles fósiles artificialmente baratos, los gobiernos incentivan su uso continuo y masivo. Esto es crítico, ya que, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), aproximadamente el 75% de las emisiones globales de \text{CO}_2 provienen de la quema de estos combustibles.
El fomento a la quema de carbón, gas y petróleo agrava directamente el calentamiento global, socavando los esfuerzos internacionales, como los del Acuerdo de París, que buscan limitar el aumento de la temperatura a 1.5 °C. La Agencia Internacional de Energía (AIE) reportó que en 2022 los subsidios globales superaron los mil millones de dólares, casi duplicando la cifra del año anterior debido a las crisis en los mercados energéticos. Esta vasta inyección de capital perpetúa la dependencia de energías contaminantes.
Más allá del clima, la extracción y producción de estos combustibles causan una severa degradación ambiental y pérdida de biodiversidad. Actividades como la minería de carbón y la perforación petrolera destruyen hábitats naturales y contaminan el suelo, el agua y el aire. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha señalado que las fugas en la infraestructura de gas natural, por ejemplo, contribuyen significativamente a las emisiones de metano, un potente GEI.
Otro impacto crucial es el freno a la transición energética. A pesar de que las fuentes renovables se están volviendo cada vez más competitivas en costos, los subsidios mantienen a los combustibles fósiles en una ventaja desleal. Esto desincentiva la inversión necesaria en alternativas más limpias y sostenibles, ralentizando la adopción de tecnologías esenciales para descarbonizar la economía mundial.
La insostenibilidad ambiental de esta política demanda una acción urgente. Expertos y organismos internacionales coinciden en que la solución más efectiva es redirigir los subsidios hacia el desarrollo de energías renovables. La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) estima que priorizar estas políticas podría generar hasta 42 millones de empleos verdes para 2050.
Alternativamente, la implementación de un impuesto al carbono crearía incentivos económicos para que empresas y consumidores reduzcan el consumo de combustibles fósiles, utilizando los ingresos fiscales para financiar proyectos de mitigación climática.
En definitiva, los subsidios a los combustibles fósiles no son solo una mala política económica, sino una de las mayores barreras para combatir la crisis climática. Su reforma es crucial para asegurar un futuro más limpio y equitativo.
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