Iniciativa pública y Medio ambiente

Luz verde en el Senado: impulso clave para proteger el medio ambiente chileno

Redacción: MaJo Gutiérrez 

La Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado ha dado un paso fundamental en la protección ambiental chilena al aprobar la idea de legislar el proyecto que fortalece y mejora la eficiencia de la fiscalización y el cumplimiento ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Esta decisión significa que la iniciativa, ingresada por el Ejecutivo en enero de 2024, pasará a ser votada en la Sala del Senado en su segundo trámite constitucional, acercando la modernización de esta institución clave. 

El objetivo central de este proyecto es reformar la Ley Orgánica de la SMA para robustecer su marco institucional, dotándola de nuevas y mejores herramientas. Esto permitirá no solo fortalecer la fiscalización, sino también incentivar el cumplimiento de la regulación ambiental vigente en Chile. Además, la propuesta del Ministerio del Medio Ambiente busca agilizar la toma de decisiones, fijar reglas claras y optimizar la gestión de las denuncias, estableciendo plazos más acotados para la respuesta de admisibilidad y la entrega de resultados, lo que se traducirá en una SMA más eficiente y con mayor capacidad de respuesta. 

Tras la aprobación en comisión, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó la importancia de este avance legislativo. “Es una noticia muy positiva que la reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente avance en su tramitación legislativa. Este proyecto de ley tiene como objetivo fortalecer este organismo y, de esa manera, asegurar el cumplimiento ambiental y mejorar la fiscalización. Robustecer este rol significa proteger nuestro medio ambiente y el patrimonio natural de Chile”, afirmó la ministra, subrayando el impacto positivo en la conservación. 

Por su parte, la Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, también celebró la decisión, enfatizando que el fortalecimiento de la institución permitirá mejorar y corregir aspectos de la ley orgánica actual, así como potenciar las herramientas disponibles para una fiscalización ambiental más efectiva y una respuesta sancionatoria adecuada.  

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