El jefe de Gobierno informó que el lunes enviará una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para aumentar la pena hasta a 20 años de cárcel contra quienes talen árboles de manera ilegal
La iniciativa de reforma es única en el país, ya que también considera el cuidado y protección de especies animales y vegetales originarias de las áreas de suelo de conservación
Además, pretende aumentar multas contra responsables que talen ilegalmente árboles en Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Valor Ambiental, barrancas o Suelo de Conservación, así como a aquellos que comercien, acopien, transformen, distribuyan o reciban madera aserrada de forma ilegal.
“Fundamentalmente nos interesa resaltar las acciones para impedirlo. Es decir, nosotros nos vamos a permitir que se disminuya el suelo de conservación en un milímetro; de hecho, incluso en el Plan General de Desarrollo y en el Programa General de Ordenamiento Territorial, mantenemos la frontera del suelo de conservación y lo importante es que trabajemos para ello; no vamos a dar por perdido ningún espacio del suelo de conservación”, expresó Martí Batres.
En conferencia de prensa, Martí Batres indicó que la iniciativa será enviada el próximo lunes al Congreso de la Ciudad de México. Además, resaltó que se mantendrá la colaboración interinstitucional e interestatal para detectar aserraderos clandestinos y detener a integrantes de grupos dedicados a la tala ilegal de árboles, así como el diálogo para apoyar a comuneros afectados por estas acciones en la capital del país.
La reforma contemplará una sanción de 6 a 20 años de prisión y de 6 mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigente por la tala ilegal de árboles. En caso de que sean servidores públicos o beneficiarios de programas sociales protectores del medio ambiente y bosques, se podrá aumentar la pena hasta en una mitad más, por considerarse un hecho agravante.
Cuando una o más de las conductas resulten cometida por una persona moral o jurídica, a los propietarios, socios, representantes legales y apoderados se les impondrá la consecuencia jurídica consistente en la prohibición de realizar negocios relacionados con la industria maderera, hasta 5 años y multa de 30 mil a 50 mil UMA vigente.
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Ruíz Suárez aseguró que esta iniciativa busca proteger los bosques, el agua y recursos naturales de la capital, y es parte de los resultados obtenidos en las mesas de diálogo con diferentes núcleos comunales y ejidatarios; además dijo, la reforma presentada por el jefe de Gobierno será compartida con los Gobiernos de Morelos y el Estado de México para buscar la homologación de sanciones.
“Se les informó que estamos trabajando en una modificación al Código Penal en relación con el ecocidio, el estado de Morelos plantea interés en conocer la iniciativa y también homologar sus normas, lo haremos con el Estado de México, de tal manera que no dependamos solo de la normatividad federal y de la Procuraduría General de la República, sino que las fiscalías locales tengan mucha mayor capacidad de que puedan perseguir y, por supuesto, castigar los delitos en esta materia”, dijo.
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