El Río Atoyac, que fluye a través de los estados de Puebla y Tlaxcala, ha sido durante mucho tiempo una fuente de vida para las comunidades aledañas. Sin embargo, en las últimas décadas, este río se ha convertido en un símbolo de la contaminación industrial descontrolada, en gran parte debido a la falta de cumplimiento de las regulaciones ambientales por parte de las empresas que operan en su cuenca.
Hasta mayo de 2024, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) identificó 122 fuentes de residuos peligrosos en diez de los municipios poblanos por donde fluye el Río Atoyac. De estas 122 empresas, solo siete cumplen con las obligaciones en materia de impacto y riesgo ambiental. Esto significa que más del 90% de las empresas registradas no cumplen con las normativas establecidas para proteger el medio ambiente y la salud pública.
Falta de cumplimiento ambiental
La falta de cumplimiento por parte de las empresas tiene consecuencias devastadoras para el medio ambiente y para las comunidades que dependen del Río Atoyac. Los residuos peligrosos y las emisiones tóxicas vertidas en el río no solo degradan el ecosistema, sino que también representan un riesgo significativo para la salud humana. Los residentes de los municipios a lo largo de la cuenca han reportado un aumento en enfermedades como la leucemia, problemas respiratorios y enfermedades de la piel, todas asociadas con la exposición a contaminantes.
Además, la debilidad de las autoridades federales y locales para controlar y supervisar adecuadamente estas actividades ha exacerbado la crisis. Las empresas que no cumplen con las normativas no solo están contaminando el río, sino que lo hacen con impunidad, ya que la falta de una supervisión efectiva y de sanciones disuasorias permite que continúen estas prácticas nocivas.
La necesidad de una homologación y supervisión
Uno de los mayores problemas identificados en la gestión ambiental de la Cuenca del Alto Atoyac es la falta de un registro unificado y completo de las fuentes de contaminación. Según el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), hasta 2023 había más de 22,000 empresas en la región, pero solo el 1.09% de ellas reporta sus emisiones y transferencias de sustancias tóxicas a la Semarnat. Esta disparidad en los datos subraya la necesidad urgente de homologar la información entre las diferentes entidades gubernamentales, la academia y los gobiernos locales.
La falta de un registro unificado dificulta la creación de estrategias efectivas para abordar la contaminación. Las activistas y académicas que trabajan en la región, como Verónica Mastretta y María Eugenia Ochoa García, han hecho un llamado urgente para que la Federación tome cartas en el asunto y supervise rigurosamente cada descarga de agua en el río. Solo mediante una supervisión más estricta y la imposición de sanciones significativas se podrá comenzar a revertir el daño causado al Río Atoyac.
¿Te gustó nuestra nota? ¡Contáctanos y deja tu comentario! AQUÍ
Conoce nuestra red ANCOP Network AQUÍ
Agregar comentario