Una convocatoria inédita logró reducir tiempos de autorización y destrabar inversiones millonarias en energía limpia, sin sacrificar rigor técnico ni criterios sociales y ambientales.
Redacción: Ximena Zarahi Moreno Luna
México dio un paso decisivo en el fortalecimiento de su transición energética con la aprobación de una nueva cartera de proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes limpias. Entre octubre y el 17 de diciembre, el gobierno federal llevó a cabo un proceso innovador que permitió evaluar y autorizar, de manera simultánea y coordinada, proyectos solares y eólicos con una capacidad total superior a los 3,300 megawatts (MW), además de casi 1,500 MW en almacenamiento de energía.
La convocatoria, diseñada para atender regiones donde es necesario reforzar la infraestructura eléctrica y facilitar la llegada de nuevas inversiones productivas, ofertó inicialmente casi 6,000 MW de capacidad potencial en seis regiones del país. El objetivo fue claro: acelerar la transición hacia energías renovables sin comprometer la confiabilidad, seguridad y estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
Uno de los elementos más destacados del proceso fue la drástica reducción en los tiempos de autorización. Tradicionalmente, los permisos de generación podían tardar entre ocho meses y hasta año y medio. En esta ocasión, gracias a un modelo de ventanilla única y evaluación integral, los tiempos promedio se redujeron a aproximadamente dos meses. Las autoridades subrayan que esta aceleración no implicó relajar estándares técnicos, financieros o ambientales, sino una mejor coordinación interinstitucional.
El proceso inició con amplias sesiones informativas que reunieron a más de 600 participantes del sector energético. En ellas se explicó paso a paso el desarrollo de la convocatoria y los requisitos a cumplir. Posteriormente, se abrió una etapa de registro de interés mediante una ventanilla única electrónica, donde las empresas pudieron presentar sus propuestas alineadas con la planeación vinculante del sistema eléctrico.
En total, se recibieron cerca de 98 proyectos, los cuales fueron sometidos a distintas etapas de revisión. Para la obtención de permisos participaron cinco instancias clave: la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (a través de las evaluaciones de impacto ambiental), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). La integración de todas estas dependencias en un solo proceso permitió realizar una prevaloración conjunta y evitar trámites fragmentados.
Un aspecto central de la evaluación fue asegurar que los permisos otorgados correspondieran a proyectos viables y no meramente especulativos. Por ello, además de los requisitos técnicos, se verificó la capacidad financiera de los solicitantes, con el objetivo de garantizar que las plantas puedan construirse y entrar en operación de manera efectiva una vez autorizadas.
Los criterios de selección no se limitaron a la capacidad de generación. También se evaluó la contribución de cada proyecto a la confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico, así como su alineación con un eje transversal de justicia energética. Esto incluyó la valoración de planes de gestión social, aportaciones a las comunidades locales y elementos de innovación y desarrollo tecnológico. En caso de empate entre proyectos, se priorizó a aquellos con mayor impacto positivo en el entorno social y en la robustez del sistema.
Como resultado final, se aprobaron 20 proyectos distribuidos en 11 estados del país: Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Querétaro. De ellos, 15 corresponden a generación fotovoltaica, con una capacidad conjunta de 2,471 MW, y cinco a energía eólica, que aportarán 849 MW. En conjunto, estos proyectos suman 3,320 MW de nueva capacidad de generación y 1,488 MW de almacenamiento.
La inversión asociada asciende a 4,752 millones de dólares, equivalentes a cerca de 90 mil millones de pesos. Estas inversiones, sumadas a los proyectos públicos impulsados por la CFE, refuerzan el objetivo de que la iniciativa privada aporte alrededor del 46% adicional de la generación eléctrica futura del país. De hecho, los proyectos aprobados representan el 56% de la capacidad total ofertada en esta primera convocatoria.
En cuanto a los tiempos de entrada en operación, se estima que el 19% de los proyectos comenzará a generar energía en 2027, el 78% lo hará en 2028 y el 3% restante en 2029, considerando que la construcción de este tipo de plantas suele tomar entre dos y casi tres años. Las autoridades aseguraron que se dará seguimiento puntual al cumplimiento de los calendarios comprometidos.
Este proceso marca un cambio relevante en la forma de planear y autorizar infraestructura energética en México, al combinar rapidez administrativa, coordinación institucional, criterios técnicos sólidos y una visión social y ambiental integral. En un contexto de creciente demanda eléctrica y urgencia climática, el desarrollo de estos proyectos refuerza el papel de las energías limpias como pilar del futuro energético del país.
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