Redacción: Grecia Rodríguez
La Colectiva Cambiémosla Ya denuncia que el Plan de Acción sobre Minerales Críticos firmado entre Marcelo Ebrard y Jamieson Greer omite la protección ambiental, los derechos de comunidades indígenas y la crisis climática. Este acuerdo fomenta la explotación masiva de recursos en México sin tomar en cuenta el impacto ecológico.
La devastación ambiental provocada por la minería en México podría intensificarse tras la firma del Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre ambos países, advirtió la Colectiva Cambiémosla Ya. El acuerdo que se hizo por Marcelo Ebrard y Jamieson Greer encendió las alarmas de las organizaciones ambientales; denuncian que no hay consideraciones ecológicas en un documento que facilitará la explotación masiva de recursos del subsuelo mexicano.
La preocupación principal es que el convenio ignora la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y la salud humana. Mientras detallan algunos mecanismos para acelerar la extracción y comercialización de minerales críticos en un plazo de 60 días, no se menciona ni una sola vez los impactos ambientales que esto causaría en varios territorios. Las organizaciones han señalado que tampoco contemplan la crisis climática global ni las zonas ya convertidas en sacrificio ambiental por la explotación minera.
El modelo que se propone implica flexibilizar las regulaciones ambientales que existen, esto con el fin de facilitar que las empresas nacionales y extranjeras extraigan materiales estratégicos destinados al mercado estadounidense. Los activistas dicen que esto abrirá la puerta al deterioro irreversible de ecosistemas completos, la contaminación de mantos acuíferos y la destrucción de hábitats naturales que son un patrimonio para algunas comunidades locales.
Lo que es alarmante para la Colectiva Cambiémosla Ya es que el documento omite referencias a los derechos colectivos de los pueblos originarios y comunidades que habitan los territorios donde llevarán a cabo la actividad minera. En el acuerdo no existen consultas, participación o protección para quienes verán transformado su entorno natural. La alianza de organizaciones de Oaxaca y otros estados interpretaron esta falta de consideraciones como una señal de que el plan prioriza los intereses comerciales sobre el bienestar de las poblaciones y la preservación del medio ambiente.
El acuerdo establece objetivos como la inversión en tecnología para procesar minerales, la identificación de proyectos específicos y la eliminación de barreras que limiten la actividad minera. Sin embargo, estas metas no plantean consecuencias ambientales, no hay evaluaciones del impacto ecológico que pueda haber y no hay compromisos de restauración de los territorios que se verán afectados. Para las organizaciones, esto significa repetir errores históricos de un modelo que deja a comunidades apartadas, ríos contaminados y paisajes destruidos.
La Colectiva mencionó que en 2018 la ciudadanía mexicana expresó rechazo a políticas que favorecían intereses corporativos por encima del bienestar colectivo y la protección ambiental. Desde esa perspectiva, este acuerdo traiciona ese mandato al entregar el control de recursos naturales sin protecciones ecológicas ni sociales. Se considera que México está asumiendo todos los costos ambientales de una actividad de la que el beneficiario será Estados Unidos.
Las organizaciones dicen que cualquier plan de explotación minera debe comenzar reconociendo los límites ecológicos del planeta, el respeto a los derechos de las comunidades y la necesidad de promover modelos económicos que no comprometan a los ecosistemas. Este pacto es visto como una amenaza directa contra los bienes naturales de México y un gran retroceso en la lucha global contra el cambio climático, ya que fomenta la extracción intensiva de recursos sin considerar las consecuencias ambientales a largo plazo.
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