Redacción Marlone Serrano
México se encuentra entre los países más expuestos a los efectos del calentamiento global, y una de sus amenazas más graves —aunque silenciosas— es el aumento progresivo del nivel del mar. Con más de 11 mil kilómetros de litorales en los océanos Atlántico y Pacífico, el país enfrenta un futuro incierto para sus zonas costeras, ecosistemas, actividades económicas y millones de personas que dependen de ellos.
El deshielo acelerado de los glaciares y los casquetes polares, impulsado por el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, ya ha comenzado a pasar factura. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), los glaciares han perdido más del 5 % de su volumen en lo que va del siglo, mientras que el hielo marino del Ártico se ha reducido en un 95 % en las últimas tres décadas. De seguir esta tendencia, el Ártico podría quedar completamente libre de hielo en tan solo 15 años.
Además de representar una grave amenaza para la biodiversidad, estos cambios también tienen consecuencias directas sobre las poblaciones humanas. El siglo pasado, el nivel del mar creció casi 20 centímetros, una tendencia que se mantiene y que pone en peligro a ciudades costeras, infraestructura crítica como puertos e industrias, y ecosistemas estratégicos para la pesca y el turismo.
En México, los riesgos se extienden a polos económicos clave como el corredor petroquímico de Veracruz, los puertos de Manzanillo, Tampico y Salina Cruz, así como destinos turísticos de talla internacional como Cancún, la Riviera Maya y las islas de Cozumel, Mujeres y Holbox.
Pese a las advertencias científicas y los llamados de múltiples centros de investigación, México aún carece de una estrategia integral para enfrentar el ascenso del mar. La franja de protección costera, conocida como zona marítimo-terrestre federal, abarca apenas 20 metros tierra adentro desde la línea de rompimiento de las olas. En teoría, allí no deberían existir construcciones; sin embargo, la corrupción y la omisión de autoridades han permitido el desarrollo de infraestructura que hoy se encuentra en riesgo inminente.
Expertos insisten desde hace más de cuatro décadas en la necesidad de ampliar dicha zona y establecer políticas públicas claras para mitigar los impactos del cambio climático. Hasta el momento, no hay respuestas contundentes por parte del Poder Ejecutivo ni del Legislativo.
“La naturaleza no negocia. El mar no perdona”, advierten investigadores. Mientras tanto, los efectos ya comienzan a sentirse con más intensidad: sequías, lluvias torrenciales, pérdida de playas, afectaciones al turismo y al suministro de agua.
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