Por sus características geográficas y socioeconómicas, México es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático. Alrededor del 68% de la población y el 71% del Producto Interno Bruto (PIB) están expuestos a los efectos.
La deforestación ha contribuido directamente a acentuar las sequías y, junto con otros factores del cambio climático, esto se traduce en escasez de agua para el consumo humano, la industria y la agricultura.
La deforestación y degradación ambiental afectan a un 84% de la extensión de todo México, pues se sabe que de 2015 a 2020 la deforestación en la República Mexicana ha ido en aumento, con un promedio neto anual de 127,800 hectáreas.
La Comunidad Climática Mexicana (CCM) y CDP Latin America elaboraron una encuesta que revela que, durante los últimos cinco años, la sequía se ha agudizado en todo el país, tan solo en 2022 impactó a un 56% del territorio.
Así lo revela la nota factual ‘Resiliencia ante el cambio climático: Avances en adaptación y acciones para prevenir la deforestación en estados mexicanos’, presentada por CDP Latin America y la Comunidad Climática Mexicana (CCM), resultado de una encuesta realizada a 26 entidades federativas que concentran al 77.4% de la población del país sobre sus acciones y políticas ambientales y climáticas.
Durante la presentación en línea de estos resultados, se reveló que 21 estados afirmaron que la deforestación es un problema para su territorio y reconocieron como principales detonadores a los incendios forestales, el cambio de uso de suelo para ganado, la tala ilegal y la agricultura a pequeña y gran escala, lo que ha derivado en una afectación de 84% de todo el país.
Detallaron que, frente a la situación de deforestación actual, diversas medidas han sido desarrolladas por los estados, tales como mejorar el desarrollo rural sustentable; aumentar la resiliencia de negocios y de personas al estimular cadenas de suministro sostenibles; conservar la biodiversidad, y mantener la calidad de los suelos y del agua.
Agregaron que entre las principales fuentes financieras para la implementación de los programas de REDD+ jurisdiccional en estados mexicanos, se identifican acuerdos bilaterales con el Green Climate Fund (GCF), el programa UN-REDD+ y mecanismos voluntarios del mercado de carbono.
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