México necesita una inversión anual de aproximadamente 1.7 billones de pesos para hacer frente a los efectos del cambio climático y avanzar hacia el desarrollo sostenible, según reveló Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Durante la presentación de la «Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible», Ramírez de la O subrayó la urgente necesidad de aumentar y reasignar recursos hacia la sostenibilidad en el país.
El titular de la SHCP afirmó que este financiamiento equivale al 7% del Producto Interno Bruto (PIB) anualmente hasta el año 2030. «Por eso resulta apremiante aumentar y reasignar recursos financieros, tanto públicos como privados, hacia actividades económicas y proyectos con menores emisiones y mayor rentabilidad social,» enfatizó Ramírez de la O.
Uno de los avances destacados por el Secretario es la consolidación de un mercado de deuda sostenible en México, donde se han movilizado alrededor de 722,000 millones de pesos en colaboración con el gobierno nacional, subnacional, la banca de desarrollo y el sector privado. Además, se han emitido 10 bonos sostenibles en euros, dólares y yenes tanto en el mercado internacional como nacional, sumando aproximadamente 240,000 millones de pesos.
Ramírez de la O también resaltó que México ha tomado medidas estratégicas que lo posicionan como un líder regional en movilización de financiamiento sostenible. En su búsqueda por consolidar una ruta clara para integrar la perspectiva de sostenibilidad en las finanzas públicas, la SHCP busca promover la adopción de prácticas sostenibles en las instituciones que conforman el sistema financiero mexicano.
No obstante, el Anexo 16 Recursos para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, que detalla los programas relacionados con el cambio climático según el gobierno, ha sido objeto de críticas por su opacidad y discrecionalidad.
La iniciativa presentada por el Secretario de Hacienda señala un compromiso importante para abordar el cambio climático en México, pero también destaca la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la asignación de recursos destinados a la sostenibilidad ambiental en el país.
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