Redacción: Ximena Zarahi Moreno Luna
El Acuerdo de Escazú representa para México un compromiso crucial con la transparencia ambiental, la participación ciudadana y la justicia ecológica. Originado en la ciudad costarricense de Escazú en marzo de 2018, el pacto fue firmado por México el 27 de septiembre de ese año y ratificado por el Senado el 5 de noviembre de 2020. En consecuencia, entró en vigor para el país el 22 de abril de 2021, Día Internacional de la Madre Tierra.
El tratado busca garantizar tres derechos fundamentales: el acceso a la información ambiental, la participación pública en decisiones que afectan al entorno, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además, es pionero en proteger la labor de defensores ambientales, muchas veces expuestos a riesgos, amenazas o violencia por su activismo.
Organismos internacionales, como ONU-DH y CEPAL, han destacado la ratificación del Acuerdo por parte de México como “un avance clave” en la lucha contra el cambio climático y la defensa ecológica, al asegurar que el Estado brinde protección a defensores del medio ambiente y garantice sus derechos.
Sin embargo, al día de hoy persisten desafíos en su implementación. Expertos advierten que para hacer operativo el Acuerdo es necesario armonizar al menos 21 leyes nacionales, así como ajustar disposiciones constitucionales y fortalecer la capacidad institucional.
Entre los puntos pendientes figura la creación de mecanismos efectivos para garantizar participación real en decisiones ambientales; asegurar la transparencia en estudios de impacto ecológico; y proteger a personas y comunidades defensoras del territorio, muchas de ellas vulnerables ante amenazas.
Organizaciones de la sociedad civil enfatizan que la promesa del Acuerdo no debe quedarse en un papel más: se requiere voluntad política, recursos, vigilancia ciudadana y una cultura ambiental que incluya a pueblos indígenas, comunidades vulnerables y jóvenes, para que el derecho a un medio ambiente sano sea una realidad efectiva.
La importancia del Acuerdo trasciende el ámbito nacional: al consolidar un marco regional en América Latina y el Caribe para garantizar derechos ambientales, México refuerza su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, la protección de la biodiversidad y el bienestar de generaciones presentes y futuras.
A pesar de los retos, muchos confían en que, con participación ciudadana, transparencia institucional y cumplimiento de la normativa, el Acuerdo de Escazú puede ser una herramienta transformadora. En un país con múltiples desafíos ambientales (deforestación, contaminación, violencia contra defensores ecológicos, crisis climática) su implementación efectiva podría marcar la diferencia.
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