Redacción: Daniel Noriega
Hasta 100,000 patios de combustible operan ilegalmente en México, evadiendo normas de la ASEA. Expertos advierten sobre el grave riesgo de contaminación de suelos y mantos acuíferos por este mercado negro.
Una crisis silenciosa se gesta en el subsuelo y la atmósfera de México. Más allá de las pérdidas millonarias para el erario, la proliferación descontrolada de “patios de autoconsumo” clandestinos se ha convertido en una amenaza ambiental de proporciones alarmantes. Según datos recientes del sector energético, estos puntos ilegales ya controlan hasta el 30% del mercado de combustibles, operando al margen de cualquier normativa de seguridad ecológica y poniendo en jaque la salud de miles de comunidades.
La situación es crítica y las cifras reveladas por expertos del sector, como Alicia Zazueta de eServices, pintan un panorama sombrío. Se estima que en el país existen entre 80,000 y 100,000 de estos predios irregulares. Originalmente concebidos bajo la figura de “autoconsumo” para empresas con grandes flotillas, estos sitios han pervertido su propósito, convirtiéndose en puntos de venta ilegal al público y en los principales receptores del combustible robado, conocido popularmente como huachicol.
Sin embargo, el impacto trasciende lo económico. Para Ambiental News, el foco rojo se enciende en la ausencia total de protocolos de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). A diferencia de una estación de servicio formal, que debe cumplir con rigurosos estudios de impacto ambiental, sistemas de recuperación de vapores y confinamiento de derrames, estos patios clandestinos son, literalmente, tierra de nadie.
La mayoría de estas instalaciones operan con tanques precarios, muchos de apenas 5,000 litros enterrados o almacenados sin recubrimientos especiales. Esto significa que cualquier fuga, por mínima que sea, se filtra directamente al subsuelo, contaminando mantos freáticos y tierras de cultivo de manera irreversible. Además, la falta de válvulas de seguridad adecuadas libera constantemente compuestos orgánicos volátiles (COV) a la atmósfera, contribuyendo al deterioro de la calidad del aire y aumentando el riesgo de enfermedades respiratorias en las poblaciones aledañas. “Es un riesgo a la salud, a las personas y al medio ambiente”, advierten los especialistas.
El Gobierno Federal, a través de la ASEA y la Comisión Nacional de Energía (CNE), ha manifestado su intención de meter en cintura a este sector. El plan contempla la regularización de aquellos sitios que puedan cumplir con la norma técnica. No obstante, la realidad logística es aplastante: se calcula que solo unos 20,000 de estos patios (apenas el 20-25%) tienen la infraestructura necesaria para legalizarse.
¿Qué pasará con los otros 60,000 u 80,000 puntos restantes? Al no poder cumplir con los estándares mínimos de seguridad industrial y protección ambiental, estarían condenados a desaparecer. Sin embargo, el cierre de estos sitios plantea otro desafío monumental para la autoridad: asegurar que sean desmantelados correctamente y no se conviertan en pasivos ambientales abandonados, con tanques corroídos goteando residuos tóxicos durante décadas.
La competencia desleal que ha mermado en un 10% las ventas de los empresarios gasolineros formales es grave, pero el daño ecológico podría ser irreparable. Mientras la autoridad avanza en el proceso de regulación, la ciudadanía juega un papel clave en la denuncia de estos focos de infección y peligro. Regular el mercado no es solo una cuestión de impuestos; es una medida urgente de protección civil y justicia ambiental para evitar que estos “patios” terminen convirtiendo a México en un campo minado de contaminación.
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