Columna horas extras Daniel Lee
Hoy hablemos de este caso que no es menor, y comencemos con un pronunciamiento duro de un importante número de trabajadores que encierra mucho: “Nos deben hasta la dignidad”. La frase no es una metáfora: es el grito seco y amargo de quienes construyeron con sus manos una planta agroindustrial que prometía el futuro… y terminó sembrando abandono.
Vayamos a los antecedentes, y es que en Salamanca, Guanajuato, la transnacional hondureña Millfoods vendió la idea de una revolución agroindustrial. Con un proyecto de molienda de maíz no transgénico, captó apoyos institucionales, activó redes laborales, y movilizó a un sindicato metalúrgico muy fuerte en la región del Bajío. Pero detrás del reluciente discurso de innovación había un esquema de explotación clásico: trabajo sí, pago no.
Hoy, la empresa hondureña debe más de cinco millones de pesos en salarios retenidos. No paga, no responde, no da la cara. Y mientras en Salamanca deja deudas y frustración; ahora el colmo es que en Querétaro se presenta como pionera con una “nueva planta modelo” de 200 millones de dólares. ¿Con qué cara?
El caso de Millfoods no es un simple “incumplimiento de pagos”, es el síntoma de una estrategia empresarial transnacional que utiliza el discurso del desarrollo, la agroindustria y la generación de empleo para vaciar comunidades y violentar derechos laborales. Se recurre a la retórica del progreso —planta modelo, innovación, inversión extranjera— mientras se instauran prácticas de explotación pura: impago, abandono, invisibilización.
El hecho de que la gremial con su peso regional y legitimidad histórica, sea ignorado y burlado, envía una señal peligrosa: si una organización con 55 mil afiliados puede ser tratada con desprecio, ¿qué queda para los trabajadores sin respaldo sindical? Este caso no es solo un agravio local, sino un atentado contra el sindicalismo como instrumento de defensa colectiva.
El anuncio de nuevas inversiones en Querétaro revela el corazón podrido del modelo económico actual: las empresas migran sin consecuencias. No hay mecanismos reales que les obliguen a saldar cuentas, ni sanciones por abandonar compromisos adquiridos. Este es el rostro de la impunidad corporativa con pasaporte: el capital que no rinde cuentas.
La ausencia de un pronunciamiento del gobierno estatal no es neutralidad, es omisión cómplice. Un gobierno que no interviene frente al abandono de cientos de trabajadores es un gobierno que abdica de su deber fundamental: proteger a quienes viven del trabajo. Salamanca, ciudad sacrificada en nombre del desarrollo, merece respuestas.
Este caso no es solo una disputa por pagos atrasados. Es una radiografía de lo que pasa cuando el capital extranjero llega sin control, sin ética y sin escrúpulos. Millfoods no es una excepción: es el retrato de una agroindustria que habla de sustentabilidad mientras pisotea derechos laborales.
Más aún: el silencio del gobierno de Guanajuato huele a complicidad. ¿Dónde están las autoridades cuando una empresa extranjera burla a sus trabajadores? ¿Cómo puede un estado permitir que una deuda laboral de esta magnitud quede impune, mientras se presume un “clima de inversión” que solo beneficia a quienes ya tienen poder?
Millfoods debe pagar. Pero más que eso: debe responder públicamente. Las autoridades deben intervenir. Y como sociedad, debemos dejar de aplaudir cualquier inversión que no traiga consigo un compromiso ético con las comunidades donde se instala.
Porque no se trata solo de dinero. Se trata, como bien dijeron los trabajadores, de algo más profundo: la dignidad. Y esa, aunque la retarden, aunque la nieguen, no la van a callar.
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