Redacción: Javier Escárcega
El Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre México y Estados Unidos plantea una estrategia para la transición energética, pero para múltiples comunidades del país representa la continuidad de un modelo extractivo con profundos impactos ambientales y territoriales.
El acuerdo bilateral sobre minerales críticos se presenta oficialmente como una vía para impulsar energías limpias y fortalecer la competitividad regional. Sin embargo, desde la perspectiva ambiental, el plan revive viejas tensiones asociadas a la minería a gran escala, degradación de ecosistemas, sobreexplotación del agua y contaminación de suelos. La transición energética, lejos de ser neutra, se apoya en procesos extractivos intensivos que trasladan los costos ecológicos a territorios rurales. En este contexto, comunidades campesinas e indígenas se enfrentan a una narrativa que justifica el deterioro ambiental en nombre del progreso tecnológico.
Los llamados minerales críticos como el litio, el cobre o el grafito son indispensables para baterías, infraestructura eléctrica y dispositivos electrónicos. No obstante, su extracción implica impactos severos: remoción masiva de tierra, uso intensivo de agua y generación de residuos tóxicos. En regiones ya afectadas por estrés hídrico o fragilidad ecológica, la expansión minera profundiza desequilibrios ambientales existentes. El discurso de sostenibilidad suele omitir que la minería “verde” reproduce prácticas altamente contaminantes cuando no existen controles estrictos ni restauración ambiental efectiva.
El plan se inscribe además en una lógica geopolítica que prioriza la seguridad de las cadenas de suministro sobre la protección de los territorios. Para reducir la dependencia de China, Estados Unidos busca proveedores regionales, y México aparece como un socio estratégico. Sin embargo, esta reconfiguración productiva no incorpora de manera central criterios de justicia ambiental. La presión por acelerar proyectos extractivos puede traducirse en evaluaciones ambientales laxas y en una menor capacidad del Estado para prevenir daños irreversibles a ecosistemas y fuentes de agua.
Desde la óptica ambiental, resulta relevante el papel que ha asumido el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, al anunciar la intención de reactivar la exploración minera a gran escala y acelerar permisos. Organizaciones civiles advierten que este enfoque prioriza la inversión por encima de la protección ambiental. La experiencia histórica demuestra que la “simplificación” de trámites suele debilitar la vigilancia ecológica y abrir la puerta a incumplimientos sistemáticos de las normas ambientales.
La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería ha señalado que el discurso de los minerales críticos invisibiliza los conflictos socioambientales existentes. Desde su perspectiva, la minería ha generado apropiación de tierras, contaminación de ríos y acuíferos, así como procesos de militarización de los territorios. La transición energética, sostienen, no puede construirse sobre la destrucción ambiental ni sobre el desplazamiento de comunidades que dependen directamente de los ecosistemas para su subsistencia.
El caso de Carrizalillo, en Guerrero, es una muestra estas tensiones ambientales. La operación de la minera Equinox Gold ha dejado impactos documentados que motivaron clausuras y medidas correctivas por parte de la autoridad ambiental. A pesar de ello, el cumplimiento ha sido mínimo, mientras la comunidad enfrenta la imposibilidad de sembrar y la pérdida de sus medios de vida. La afectación ambiental se traduce aquí en inseguridad alimentaria y deterioro del entorno natural.
En Sonora, el ejido El Bajío mantiene una lucha de más de una década contra la empresa Penmont, filial de Fresnillo PLC. Las sentencias que ordenan la restitución de tierras no se han ejecutado, prolongando la degradación ambiental del territorio. La falta de cumplimiento judicial permite que continúe la extracción en condiciones que afectan suelos, flora y fauna, consolidando un escenario de impunidad ambiental.
En Zacatecas, la defensa del Río Atenco frente al proyecto de la Presa Milpillas evidencia otra dimensión del problema. Aunque se presenta como solución hídrica, la desviación del caudal beneficiaría principalmente a actividades industriales, incluida la minería. Para las comunidades, esto implica trasladar la crisis ambiental a zonas más vulnerables, afectando ecosistemas acuáticos y el acceso al agua. El debate sobre minerales críticos, así, no solo es energético o económico, sino profundamente ambiental y territorial, afectando diariamente a miles de mexicanos.
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