Redacción: Astrid Sánchez
La presidenta Claudia Sheinbaum demandó formalmente al gobierno de Canadá garantizar la remediación ambiental de sus empresas mineras en México, la medida busca atender los pasivos acumulados en estados del sur del país, en donde la contaminación de mantos y suelos ha generado una crisis ecológica.
La relación económica entre México y Canadá enfrenta un momento crítico que va más allá de los números y las inversiones. En el centro del debate se encuentra la Región Pacifico Sur, en donde la presencia de capital minero canadiense ha dejado una huella profunda, no solo por la extracción de metales preciosos, sino por una preocupante brecha estructural que es la falta de responsabilidad ante el daño ambiental generado.
Recientemente, este tema escaló al máximo nivel diplomático pues durante una reunión bilateral con autoridades canadienses, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una demanda formal y contundente para que el Gobierno de Canadá garantice que sus empresas cumplan con los procesos de remediación ambiental que han dejado pendientes en México. Esta postura marca un punto de inflexión, subrayando que la restauración de los ecosistemas ya no es un asunto local, sino una prioridad de política exterior y responsabilidad corporativa internacional.
El problema principal radica en que muchos proyectos mineros concluyen su etapa de explotación o suspenden actividades sin limpiar el desastre que dejan atrás. Estos “pasivos ambientales” incluyen la contaminación de fuentes de agua y suelos, daños a los mantos freáticos por el uso de sustancias peligrosas como el cianuro y un deterioro general de la biodiversidad y los cultivos locales. Básicamente, mientras las empresas privatizaron las ganancias, las comunidades locales y el estado mexicano terminaron cargando con los costos ecológicos.
Estos son algunas de las problemáticas en distintos estados afectados:
- Chiapas: El caso de Blackfire Exploration Ltd. es emblemático, con su proyecto “La Revancha” suspendieron operaciones en 2009, pero dejaron el saneamiento a medias y actualmente comunidades y organizaciones denuncian opacidad y riesgos en la gestión de nuevos títulos por parte de empresas como Fortune Bay Corp.
- Guerrero: En el famoso “cinturón de oro” empresas como Torex Gold y Equinox Gold extraen grandes cantidades de riqueza, pero la redistribución de este valor hacia las comunidades es insuficiente y los procesos de remediación no logran compensar el desgaste territorial.
- Michoacán: Aunque muchos proyectos como el de Defiance Silver Corp están en fases iniciales la desconfianza social ha crecido pues los habitantes temen que se repitan las historias de abandono y contaminación, vistas en otras entidades.
- Oaxaca: En los Valles Centrales, la histórica operación de Fortuna Mining Corp en la mina “San José” ha dejado una huella de críticas por el control excesivo de tierras, aunque las propiedades cambien de manos, los daños acumulados en el agua y suelo siguen siendo una herida abierta para los oaxaqueños.
Desde una perspectiva económica, la falta de un cierre responsable de las minas incrementa el “riesgo país” y eleva los costos para futuras inversiones, la elección para el capital extranjero es clara, hoy en día la viabilidad de un proyecto minero no depende únicamente de cuanto oro o cobre haya en el suelo, sino de la capacidad real de la empresa para restaurar la naturaleza y cumplir con las personas que habitan el territorio. Sin justicia ambiental y remediación efectiva, la minería seguirá enfrentando una resistencia insuperable en el sur de México.
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