Redacción: Guicel Garrido
En el noroeste de México, la compañía estadounidense Odyssey Marine Exploration se enfrenta a una gran oposición por su plan de minería submarina en las aguas de Baja California Sur. El proyecto busca extraer fósforo para producir fertilizantes, un mineral clave para la agricultura, pero activistas, pescadores y científicos locales temen que la operación destruya el ecosistema marino de una zona rica en biodiversidad. Esta disputa pone de manifiesto una tensión global sobre los límites de la explotación de recursos naturales y la protección de los océanos.
La controversia escaló tras la negación de permisos ambientales por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de México. A pesar de esto, un tribunal internacional ordenó a México pagar más de 37 millones de dólares a la compañía, lo que ha avivado la insistencia de Odyssey en continuar con el proyecto. La empresa argumenta que el yacimiento de fosfato, llamado “Don Diego”, es uno de los más grandes del mundo y podría abastecer la demanda de fertilizantes en Norteamérica por un siglo. Sin embargo, su plan de extracción, que involucra succionar y procesar las arenas del fondo marino, nunca se ha probado en operaciones a gran escala.
La oposición al proyecto es liderada por la comunidad pesquera local, quienes fueron los primeros en detectar la embarcación de prospección de Odyssey en 2012. Los pescadores, organizados en cooperativas que sustentan a más de 5,000 familias, temen que el proyecto destruya su medio de vida, el cual depende de especies como el abulón, la langosta y el caracol. Esta zona del Pacífico, clasificada por científicos como un “centro de actividad biológica”, es un área clave para pesquerías comerciales, avistamiento de mamíferos marinos e investigación científica.
Además de los riesgos económicos y ecológicos, los científicos advierten sobre los peligros de remover los sedimentos del fondo marino. La química Janette Murillo, del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, explica que la operación podría dispersar químicos tóxicos como el uranio, el arsénico y el níquel, que suelen acompañar a los depósitos de fosfatos. La liberación de estos elementos podría ser catastrófica, causando una “gran mortandad de animales marinos”. La situación en México refleja la creciente preocupación internacional sobre la minería submarina, con 37 países pidiendo una moratoria global sobre esta práctica.
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