Redacción: Raquel García
En la COP30, México presentó la NDC 3.0, elevando su meta de mitigación para 2035. La agenda incluye reformas legales y una visión de justicia climática y adaptación.
La COP30 celebrada en Belém, Brasil, ha marcado un punto crucial para la diplomacia ambiental global, con negociaciones intensas sobre metas de reducción de emisiones, protección de ecosistemas y financiación climática para países en desarrollo. A pocos días de la clausura, persiste la presión internacional para que los gobiernos establezcan una hoja de ruta clara hacia la transición energética, especialmente la salida progresiva de combustibles fósiles y el freno a la deforestación ilegal, temas que han sido reiterados por el presidente brasileño Lula da Silva y altos funcionarios nacionales.
Uno de los documentos centrales discute cuatro campos clave: el aumento de la ambición climática, el financiamiento, la transparencia y las medidas sobre comercio internacional que afectan el clima. En este sentido, Brasil ha propuesto avances significativos en la erradicación de la deforestación de la Amazonia y una transición equitativa que tome en cuenta la capacidad de cada país, aunque persisten desacuerdos entre naciones desarrolladas y en desarrollo sobre quién asume mayores compromisos y cómo se costea la transición justa.
La participación mexicana en la COP30 destaca por la presentación oficial de la Contribución Nacionalmente Determinada versión 3.0 (NDC 3.0), una agenda adaptada a los retos que enfrenta el país: sequías prolongadas, inundaciones, ondas de calor y una necesidad urgente de fortalecer la adaptación climática. México se comprometió a mitigar entre 364 y 404 millones de toneladas de carbono equivalente de emisiones netas para 2035 sin condicionamientos, y entre 332 y 363 millones bajo ciertas condiciones internacionales, además de trabajar hacia emisiones netas cero para 2050. Estas acciones incluyen reformas legales en los sectores más complejos, como industria, transporte y agricultura, hasta ahora poco regulados bajo la Ley de Cambio Climático. La titular de Semarnat subrayó la importancia de pasar de compromisos aislados a una visión de justicia climática y enfoque social que contemple pérdidas, daños y perspectiva de género.
México ha abogado activamente por mecanismos de financiamiento internacional para la transición energética, el fortalecimiento de la transparencia y mayor protección de ecosistemas, como selvas y manglares; todo esto en coordinación con el Grupo de Integridad Ambiental (EIG), bloque diplomático donde México comparte estrategias con otros países comprometidos en la gobernanza climática.
Recapitulando, la COP en Brasil mantiene debates abiertos y exige acuerdos vinculantes sobre deforestación y combustibles fósiles, mientras México eleva sus compromisos y adapta sus políticas para enfrentar los extremos climáticos, apostando tanto por la transición justa como por una agenda climática realista y participativa.
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