Redacción: Naome Zavala
El gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel Alejandro García Sepúlveda, ha oficializado la creación de la División Ambiental, una nueva instancia que buscará hacer cumplir la ley y sancionar a quienes contaminen el estado. Durante una conferencia de prensa, el gobernador García aseguró que la nueva división tendrá “mano dura” con la industria, señalándola como la principal fuente de contaminación en la región.
El mandatario estatal fue enfático al criticar el desempeño ambiental de la industria local. “La industria está completamente reprobada”, declaró, haciendo referencia a una encuesta reciente. García Sepúlveda instó a las empresas a “cerrar filas”, instalar filtros y optimizar sus procesos para sumarse a la “cruzada por aire limpio”. Advirtió que, a través de la nueva división, se intensificarán los monitoreos y se aplicarán sanciones severas. Un ejemplo de ello es el caso de una empresa, Zinc, que fue clausurada por no atender las advertencias y “ya no va a abrir”.
Con la entrada en vigor del decreto, la División Ambiental aglutina a 10 dependencias clave del gobierno estatal, incluyendo a Protección Civil, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, la Agencia de la Calidad del Aire, y Fuerza Civil, entre otras. Este “ejército verde” estará compuesto por mil elementos y más de 200 vehículos, dedicados exclusivamente a la protección del medio ambiente. Sus facultades incluirán la imposición de multas, arrestos, clausuras y suspensiones, e incluso la posibilidad de llevar casos al nuevo fiscal ambiental para que los responsables de delitos ecológicos enfrenten la cárcel.
El secretario del Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, detalló que la División Ambiental operará bajo cinco ejes estratégicos: aire puro, enfocado en la prevención de incendios y el control de emisiones; suelo sin contaminantes, para combatir tiraderos clandestinos y la extracción ilegal de recursos naturales; agua limpia, con el objetivo de erradicar descargas irregulares y robos de agua; y la protección animal y de la biodiversidad, para vigilar áreas naturales y combatir la tala ilegal.
Con esta nueva estructura, Nuevo León busca ser un “ejemplo nacional de industria limpia y verde”. El gobierno espera que la integración de estos organismos gubernamentales y la colaboración con la fiscalía especializada permitan una judicialización efectiva de los delitos ambientales, un problema histórico en el país.
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