Redacción: Inés Arroyo
La Tercera Conferencia de la ONU sobre los Océanos (UNOC3), celebrada en Niza, concluyó con un llamado firme: proteger los océanos debe ser una obligación inmediata, no solo una intención. Sin embargo, grupos ecologistas mostraron su preocupación porque la conferencia no logró acuerdos firmes ni vinculantes para detener el daño a estos ecosistemas vitales.
Un tema central fue la minería en aguas profundas. Los expertos piden a los países que aprueben una moratoria en la próxima reunión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para evitar daños irreparables en los fondos oceánicos.
Se urge a definir una hoja de ruta clara basada en ciencia y precaución. Esta debe incluir la protección del 30 % de los océanos para 2030, con al menos un 10 % bajo protección estricta, asegurando la conexión entre áreas marinas mediante corredores ecológicos.
Además, se requiere una gobernanza que integre biodiversidad, clima, pesca y justicia social, junto con una transición justa que involucre a comunidades costeras y sectores vinculados al mar. También es clave apoyar a los países más vulnerables y combatir la contaminación marina, desde plásticos hasta ruidos y luces submarinas.
España, con su amplio patrimonio marino, tiene una oportunidad única para liderar este cambio. Tras avances en energías renovables, puede convertirse en un referente en la protección marina, cumpliendo su compromiso de conservar el 30 % de sus aguas para 2030 y apoyando proyectos científicos como INTEMARES.
El momento es crítico. La protección de los océanos debe traducirse en acciones reales para preservar la biodiversidad y asegurar un futuro sostenible. ¿Estará España lista para liderar esta transición?
