Los grupos ecologistas insisten desde hace años en que el tratado que acaba de firmar la
Organización de las Nacionales Unidas (ONU) esta mañana es vital para salvar los océanos,
amenazados por la contaminación, la crisis climática y las nuevas tecnologías que abren la
puerta a la minería en el fondo de los mares y a una pesca más intensiva.
La altamar, las aguas situadas a más 200 millas marinas de la costa y que son compartidas
por todos los países, suponen dos tercios del total de los océanos. Hasta ahora han estado
gestionadas bajo una serie de acuerdos y organismos internacionales sin una jurisdicción
clara, sin demasiada coordinación y con unas normas inadecuadas para su protección.
El nuevo tratado se establecerá en el marco de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar y busca “asegurar la conservación y el uso sostenible de la
diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional”.
Entre otras cosas, el texto sienta las bases para el establecimiento de zonas marinas
protegidas, lo que debe facilitar que se cumpla la promesa internacional de salvaguardar
al menos el 30 % de los océanos para el año 2030. Además, garantiza que se tenga en
cuenta el impacto ambiental de las actividades en aguas internacionales y facilita la
cooperación entre países en tecnología marina.
También crea un marco para compartir los beneficios del mar, especialmente todo lo
relativo a los recursos genéticos marinos, especies que pueden proporcionar genes
patentables en el futuro, por ejemplo, para su uso en medicina.
En esa cuestión chocaban los intereses de algunos países ricos, que son los que tienen más
capacidad para aprovechar esos avances, y los del mundo en vías de desarrollo, que teme verse excluido, y fue uno de los últimos asuntos que se cerraron en las maratonianas
negociaciones del pasado marzo, señalan los grupos ambientalistas.
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