Redacción: Astrid Sánchez
La Comisión Nacional Forestal impulsa el esquema de Pago por Servicios Ambientales para conservar los ecosistemas en México. Esta política pública otorga incentivos económicos a ejidos y comunidades rurales con el objetivo de fomentar la conservación de la biodiversidad.
Cuando pensamos en proteger el medio ambiente casi siempre imaginamos acciones totalmente voluntarias que rara vez se asocian con proyectos productivos, sin embargo desde hace varios años la Comisión Nacional Forestal implementó en nuestro país una política pública verdaderamente revolucionaria que busca conservar de manera activa los bosques y manglares a través de incentivos económicos directos para las personas dueñas de los terrenos, transformando la preservación ecológica en una oportunidad inigualable para mejorar la calidad de vida de miles de familias mexicanas.
Para dimensionar el gigantesco éxito de este programa denominado Pago por Servicios Ambientales es fundamental destacar que actualmente se encuentran beneficiando a más de tres mil doscientos proyectos a lo largo y ancho de la república, donde un impresionante noventa y dos por ciento de los apoyos corresponden directamente a ejidos y comunidades que han asumido el compromiso voluntario de manejar de forma sustentable más de dos millones de hectáreas de territorio, asegurando la generación del agua y el oxígeno que resulta vital para el bienestar de toda nuestra sociedad frente a los retos del cambio climático.
Resulta sumamente interesante analizar la estructura de esta maravillosa iniciativa gubernamental ya que cuenta con tres esquemas diferentes de financiamiento para adaptarse a las necesidades de cada región, destacando que todos los participantes reciben el apoyo económico por un periodo de cinco años bajo la estricta condición de reinvertir al menos la mitad de los recursos obtenidos en actividades de protección y proyectos amigables con el entorno como el ecoturismo o la apicultura, garantizando que el dinero se traduzca en obras reales que mantengan los ecosistemas en un excelente estado de conservación a largo plazo.
Uno de los ejemplos más inspiradores de esta estrategia se encuentra en el municipio de Ensenada dentro del estado de Baja California donde un grupo de valientes mujeres indígenas pertenecientes a la etnia kumiai ha utilizado los fondos del programa para impulsar un espectacular centro ecoturístico, logrando crear empleos formales para su comunidad mientras aprovechan de manera completamente sustentable las plantas nativas de la región, demostrando con muchísimo orgullo que es posible fortalecer las cadenas productivas locales al mismo tiempo que se difunde y se valora su invaluable patrimonio biocultural ante los ojos de los visitantes.
Otro caso de éxito verdaderamente aplaudible es el convenio de colaboración que se firmó en el municipio de Chihuahua mediante el mecanismo de fondos concurrentes donde las autoridades locales sumaron esfuerzos económicos con la federación para proteger las zonas de recarga de sus acuíferos más importantes, logrando equipar brigadas de vigilancia forestal y construyendo presas filtrantes de piedra que han permitido recuperar millones de litros de agua vitales para la región, comprobando que las alianzas estratégicas entre diferentes niveles de gobierno son la clave perfecta para enfrentar la crisis hídrica que afecta a gran parte del país.
Finalmente no podemos dejar de mencionar el impresionante trabajo realizado en el estado de Jalisco a través del Fondo Patrimonial de la Biodiversidad que apoya proyectos a largo plazo en sitios de alta prioridad global como el famoso corredor del jaguar, donde cientos de ejidatarios han fortalecido desarrollos turísticos de clase mundial que incluyen cabañas y tirolesas sin descuidar el monitoreo constante de la fauna silvestre que habita en la zona, consolidando a los esquemas de pago por servicios ambientales como la herramienta más poderosa y efectiva que tenemos actualmente en México para salvar nuestra riqueza biológica.
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