Redacción MaJo Gutiérrez
El pasado 26 de septiembre, la Diputada del PVEM, Rebeca Peralta León, dio a conocer una iniciativa para reformar la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, cuya finalidad tiene la creación de personas defensoras del medio ambiente, ya que ha incrementado la violencia contra quienes protegen la tierra y el planeta, “pues por cada defensor ambiental asesinado, muchos más están en riesgo de perder sus medios de vida, su seguridad alimentaria, las tierras ancestrales, el agua potable, sus hogares e, incluso sus vidas”, explicó la Diputada.
Peralta León reveló que en México, al igual que en algunas partes del mundo y los países latinoamericanos, los pueblos originarios protegen el 80% de la biodiversidad del planeta, y sus integrantes han logrado adaptarse reduciendo los riesgos causados por el cambio climático y los desastres naturales, gracias a sus conocimientos y experiencias ancestrales. La legisladora afirmó que “la capital del país no es ajena a lo que ocurre en el territorio nacional, regional y en todo el mundo, donde ocurren desapariciones y muerte de quienes protegen nuestro suelo de conservación de la tala, retiro de la superficie boscosas o sustracción ilegal del agua y que han sido evidenciado en alcaldías como Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa de Morelos, Tláhuac están siendo evidenciadas”.
Así también, dio un conteo de los últimos cinco años en donde se ha incrementado la desaparición, persecución, y muerte en algunos estados. Mientras que finalizó diciendo que, la ONU Medio Ambiente está interesado en abordar la difícil situación de los defensores ambientales, cumpliendo su mandato de promover el imperio del derecho ambiental. “En eventos llevados a cabo por este organismo internacional, se dejó clara la postura de hacer énfasis en “Proteger a Los Defensores del Medio Ambiente”, señaló, para finalizar diciendo, que se requiere de un esfuerzo titánico de los países, sus gobiernos y otros actores clave, para asegurar que, cuando las condiciones ambientales interfieran con los derechos básicos, se desarrollen mecanismos para proteger esos derechos y las personas que los defienden.
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