El gobierno de Javier Milei impulsa un aspirante plan de inversión para innovar el sistema eléctrico argentino, con el doble objetivo de mejorar el equipamiento energético y reducir las emisiones de carbono.
Redacción: Daniela Paredes Rocha
A partir de la declaración de la emergencia del Sector Energético Nacional que fue difundido por el gobierno nacional con el DNU, se faculto a la Secretaría de Energía a reajustar la estructuras que recibe a los usuarios para no tener que dejar el costo real de las facturas a sus hogares.
Los energéticos, incluyendo electricidad y gas, ha sido una carga importante para la economía argentina. A su vez, y en el marco de los congelamientos de tarifas de las ultimas décadas, se han implementado diferentes mecanismos de trasferencia de recursos a las distribuidoras a fin de compensar las faltas operativas y garantizar niveles de inversión mínima en el sistema.
En este caso último, se han enfocado en el equilibrio macroeconómico, la sensatez fiscal y la protección de los grupos mas vulnerables.
En colaboración con el Banco Mundial, los equipos técnicos de ambas instituciones diseñaron programas de apoyo hacia un modelo de ayuda económica eléctrica más eficientes en Argentina con un préstamo por u$s700 millones para acompañar a la transformación del régimen con apoyos económicos y alineados con los hitos estructurales del programa FMI.
En paralelo, el préstamo del BID también esta acorde con el programa FMI y el apoyo económico de la electricidad para los hogares vulnerables en la AMBA, región principal por su dimensión e importancia representando por un 32% de la demanda total de energía del país, cerca de 20 millones de personas que viven bajo en línea de la carencia del país 5,7 millones que residen en ella.
Los programas fueron hechos de manera coordinada, son adicionales y serán supervisadas de manera colaborativa y proponen un enfoque integral para enfrentar desafíos del sector eléctrico, promoviendo la sostenibilidad, la eficiencia del uso de energía y la disminución de emisiones de GEI, al tiempo que se controla los gastos en ayuda económica y proteger a los usuarios más vulnerables.
En ese marco se realizo audiencia publicas que permitieron identificar y evaluar objetivos críticos para alcanzar y restaurar la cadena de pagos del sector energético, ajustando los precios para atraer inversiones y tener suministros, enfocados en ayudar en la económica para los sectores más débiles y corregir los desbalances de tarifas históricas, entre más.
Para organizar este proceso, se creo el llamado “Proyecto de Apoyo a la transición hacia un sector eléctrico sostenible en argentina” (ATSES) y que será cubierto económicamente por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Se apoyará la creación de mecanismos para proteger a las personas de bajos recursos de la variabilidad externa o riesgos climáticos sobre los costos de generación, y la congruencia de incentivos para las diferentes autoridades locales que permite la reforma
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