Redacción: Guicel Garrido
El consultor del IICA, Roberto Carlos Ríos, ha enfatizado la urgencia de que el gobierno diseñe e implemente políticas públicas que no solo alineen a los organismos pertinentes, sino que también brinden un apoyo económico directo a los agricultores.
La producción agrícola en México se encuentra en una encrucijada crítica, enfrentando los desafíos del cambio climático y la necesidad apremiante de minimizar su impacto ambiental. Ante este panorama, expertos y organismos internacionales coinciden en que la solución radica en la acción gubernamental. El consultor del IICA, Roberto Carlos Ríos, ha enfatizado la urgencia de que el gobierno diseñe e implemente políticas públicas que no solo alineen a los organismos pertinentes, sino que también brinden un apoyo económico directo a los agricultores.
Este respaldo es fundamental, especialmente para los productores de menor escala, quienes a menudo carecen de los recursos necesarios para realizar la transición hacia métodos más sostenibles. La adopción de procesos con menor huella ambiental, como la agricultura de conservación o el uso eficiente del agua, representa una inversión significativa. Sin un incentivo financiero o programas de subsidios, estos pequeños productores podrían quedar rezagados, perpetuando prácticas que contribuyen al deterioro del medio ambiente y a la vulnerabilidad de sus propios cultivos.
Los efectos del cambio climático sobre la producción de alimentos son cada vez más evidentes. Sequías prolongadas, inundaciones inesperadas y cambios en los patrones de temperatura amenazan la seguridad alimentaria del país. Por ello, la política pública debe ser proactiva, no solo reaccionando a los desastres, sino incentivando a los productores a adoptar sistemas de menor impacto. Este enfoque preventivo es clave para fortalecer la resiliencia del sector agrícola a largo plazo.
La cooperación entre el sector público y los productores es indispensable. No basta con reconocer el problema; se requiere un compromiso firme del Gobierno para crear un marco de apoyo integral. Este marco debe incluir no sólo la asistencia económica, sino también el acceso a capacitación y tecnología que faciliten la adopción de prácticas sostenibles. Solo así se podrá asegurar un futuro en el que la producción agrícola sea económicamente viable y ambientalmente responsable.
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