Redacción: Amairany Ramírez
El informe del PNUMA revela una brecha crítica en la financiación mundial, advirtiendo que la falta de protección efectiva está siendo superada por inversiones masivas en actividades que aniquilan la naturaleza.
El reciente reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha encendido las alarmas globales al revelar una financiación desproporcionada que favorece la degradación de los ecosistemas sobre su protección. El documento, titulado “Estado de las Finanzas para la Naturaleza 2026”, presentado el pasado 22 de enero, expone una realidad financiera devastadora: por cada dólar que la humanidad destina a salvaguardar el medio ambiente, se invierten 30 dólares en actividades que lo destruyen. Esta brecha evidencia un desequilibrio sistémico en el que los intereses económicos actuales continúan priorizando modelos de explotación que comprometen el bienestar humano y la estabilidad de las economías globales.
De acuerdo con las cifras presentadas en las fuentes, durante el año 2023, las inversiones dirigidas a actividades con un impacto negativo directo en la naturaleza alcanzaron la astronómica cifra de 7.3 billones de dólares. En un contraste alarmante, el capital destinado a las denominadas soluciones basadas en la naturaleza (SbN) apenas llegó a los 220 000 millones de dólares. Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, fue contundente al respecto, señalando que seguir el rastro del dinero permite ver que no existen puntos medios: el mundo está financiando activamente su propia destrucción o debe elegir impulsar la recuperación ambiental.
El informe identifica actores específicos en este ciclo destructivo, señalando a la industria en general, los servicios públicos y las empresas dedicadas a la energía y materiales básicos. Gran parte de este daño se ve alimentado por subvenciones gubernamentales que benefician a sectores como los combustibles fósiles, la agricultura intensiva, el transporte, la construcción y la gestión del agua. Estas políticas de subsidios perjudiciales son las que, según las fuentes, deben ser eliminadas de forma gradual para revertir la tendencia actual.
Este desafío global tiene resonancias particulares en América Latina, una región que enfrenta sus propios dilemas en 2026. Mientras en países como Argentina se reportan retrocesos legales y recortes presupuestarios, en México el enfoque se centra en cumplir metas climáticas y proteger a defensores ambientales. Otros países como Colombia y Ecuador luchan contra la deforestación y la minería ilegal impulsada por el crimen organizado. En este contexto, el informe del PNUMA ofrece una “hoja de ruta” para que los líderes políticos y empresariales trabajen a favor de la naturaleza, ampliando las inversiones positivas y deteniendo el flujo de capital hacia sistemas de producción destructivos.
Finalmente, las fuentes destacan que, aunque existen esfuerzos loables como el Tratado de Altamar o proyectos de restauración en deltas, la magnitud del desafío financiero sigue siendo el principal obstáculo para la sostenibilidad global. La transición hacia una economía verde no solo requiere voluntad política, sino un cambio radical en la arquitectura de las finanzas mundiales.
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