Redacción: Alma Cataneo
En México, la regulación de los cigarrillos electrónicos y vapeadores ha experimentado cambios significativos en los últimos años, con el objetivo de proteger la salud pública, especialmente la de los jóvenes.
Desde mayo de 2008, con la promulgación de la Ley General para el Control del Tabaco, se prohibió el comercio de cigarrillos electrónicos en el país. Sin embargo, la importación de estos dispositivos seguía permitida, lo que facilitaba su disponibilidad en el mercado. Para subsanar esta discrepancia, el 31 de mayo de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial que prohibió la importación de cigarrillos electrónicos y vapeadores, armonizando así las regulaciones y reforzando las medidas para evitar su comercialización ilegal.
En diciembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que prohíbe la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares. Esta iniciativa, impulsada por el partido Morena, busca fortalecer la protección a la salud, sancionando todas las actividades relacionadas con estos dispositivos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que los sistemas electrónicos de administración de nicotina, como los cigarrillos electrónicos y vapeadores, contienen sustancias tóxicas y compuestos carcinógenos que representan un riesgo significativo para la salud. Además, el aerosol exhalado por los usuarios puede afectar a las personas en su entorno, incrementando la preocupación por su uso, especialmente entre adolescentes.
A pesar de las prohibiciones, el número de usuarios de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México se ha duplicado, lo que indica desafíos en la implementación y cumplimiento de estas regulaciones. La persistencia de estos dispositivos en el mercado, a menudo a través de canales no regulados, subraya la necesidad de fortalecer las medidas de control y aumentar la concientización pública sobre los riesgos asociados con su uso.
México ha adoptado una postura firme contra los cigarrillos electrónicos y vapeadores, implementando prohibiciones tanto en su importación como en su comercialización, y avanzando hacia reformas constitucionales que buscan erradicar su presencia en el país, en un esfuerzo por salvaguardar la salud de la población.
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