Redactor: Amairany Ramírez
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó un operativo de inspección en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, y clausuró tres desarrollos inmobiliarios que presentaban diversas irregularidades en cuanto a su impacto ambiental. El operativo, que comenzó el 25 de febrero, buscaba frenar proyectos que no cumplían con las normativas ambientales, poniendo en riesgo el ecosistema costero de la región.
Uno de los proyectos clausurados fue el Breeze Loft 185, que recibió una clausura total debido a la falta de autorización para su impacto ambiental federal. Además, se detectaron construcciones no autorizadas, como un sótano y el primer nivel del condominio, lo que derivó en su cierre definitivo.
En el caso del Condominio Plurifamiliar Vertical Xalli, la Profepa informó que la autorización de impacto ambiental data de mayo de 2006. A pesar de contar con dicho permiso, se identificaron obras no autorizadas, por lo que el proyecto fue clausurado de forma parcial.
El tercer proyecto afectado fue Marina Towers, que aunque contaba con una autorización de impacto ambiental válida, de mayo de 2007, para la construcción de cuatro torres de 24 niveles cada una, también presentó irregularidades. La obra que se estaba llevando a cabo no correspondía a lo autorizado, pues solo se había construido una torre y se detectaron trabajos adicionales no contemplados en el permiso original.
Mariana Boy Tamborrell, titular de la Profepa, destacó la importancia de regular el desarrollo inmobiliario en las zonas costeras, señalando que estos proyectos desordenados causan graves afectaciones tanto a las poblaciones costeras como a los ecosistemas marinos. “El desarrollo inmobiliario desordenado, especialmente en los ecosistemas costeros, deja profundos impactos en las poblaciones costeras y en los ecosistemas marinos. No es posible que proliferen los desarrollos con obras adicionales, con pisos adicionales o sin autorización de impacto ambiental”, afirmó Boy Tamborrell.
La Profepa continuará con la vigilancia constante en la región para asegurar que se cumplan las normativas ambientales, y de ser necesario, para la reparación de daños causados por construcciones ilegales.
