Redacción: Eduardo Nolasco
La Profepa clausuró obras y actividades ilegales en el ecosistema de manglar de Chelem, Yucatán, tras detectar la quema y desmonte de vegetación para asentamientos irregulares sin autorizaciones ambientales.
La preservación de los ecosistemas costeros en la Península de Yucatán enfrenta un nuevo desafío tras la detección de actividades ilícitas en el municipio de Progreso. En una reciente intervención, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) procedió a la clausura de un predio ubicado en la localidad de Chelem, donde se realizaban trabajos de desmonte y quema de vegetación sin ningún tipo de respaldo legal. Este incidente revela la vulnerabilidad de los humedales ante la presión urbana y los asentamientos irregulares que buscan expandirse a costa del patrimonio natural del país.
La acción de la autoridad no fue casual, sino el resultado de la vigilancia comunitaria, ya que la denuncia inicial provino de la Comisaría Ejidal de Chelem. Durante la inspección técnica, el personal federal constató que el área afectada no solo sufrió la eliminación de árboles y arbustos característicos del ecosistema de manglar, además del empleo de métodos agresivos como el uso de fuego para despejar el terreno. En el sitio se encontraron evidencias claras de ocupación primeriza, incluyendo la delimitación de lotes con postes y cintas, lo que sugiere una intención de comercializar o habitar estas tierras de manera inmediata y fuera de cualquier marco regulatorio.
La gravedad de esto radica en la importancia ecológica que representan los manglares para la región. Dichos entornos actúan como una barrera natural contra los fenómenos hidrometeorológicos y son piezas clave para la reducción del cambio climático. La realización de actividades de construcción o lotificación en estas zonas sin las autorizaciones debidas no solo es una violación a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, sino además despoja a la comunidad del servicio ambiental vital que genera el ecosistema, como la filtración de agua y el refugio de especies marinas.
Tras la colocación de los sellos de clausura total temporal, la Profepa ha iniciado una investigación que no solo busca la sanción a los responsables y, al mismo tiempo, garantizar que no se retomen las actividades de invasión en el sitio. Esta medida de seguridad es un recordatorio para aquellos que intentan aprovecharse de zonas protegidas bajo el pretexto de la necesidad de vivienda, recalcando que la ley ambiental prevalecerá para proteger los recursos naturales que pertenecen a todos los mexicanos.
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