La reciente propuesta de reforma a la ley minera en México ha generado un intenso debate entre el gobierno y el sector privado, en particular, la Cámara Minera de México (Camimex). La posible prohibición de la minería a cielo abierto, que se discute en el marco de esta reforma, ha sido motivo de preocupación debido a su impacto económico potencial.
La Camimex ha advertido que prohibir la minería a cielo abierto podría resultar en una contracción económica de aproximadamente 250 mil millones de pesos anuales para el país. Este tipo de minería es una de las prácticas más comunes en México, debido a la riqueza mineral del subsuelo y la capacidad de extraer grandes volúmenes de mineral a un costo relativamente bajo.
La minería a cielo abierto es responsable de una parte significativa de la producción de metales preciosos y no preciosos en México, incluyendo oro, plata y cobre. Estos minerales no solo son esenciales para diversas industrias, sino que también representan una fuente importante de ingresos fiscales y empleos directos e indirectos.
Desde el sector minero, se argumenta que, en lugar de prohibir la minería a cielo abierto, el enfoque debería centrarse en fomentar prácticas de minería responsable y sostenible. Esto implicaría el desarrollo de un marco normativo robusto que garantice la protección ambiental, la salud pública y los derechos de las comunidades locales.
El argumento principal es que la prohibición total podría llevar a la pérdida de competitividad de México en el mercado global de minerales, lo que a su vez podría afectar la inversión extranjera directa y el desarrollo de nuevas tecnologías en el sector.
Por otro lado, los críticos de la minería a cielo abierto destacan los impactos ambientales y sociales negativos asociados con esta práctica. Entre los principales problemas se encuentran la deforestación, la contaminación del agua y del suelo, y los efectos adversos en la salud de las comunidades cercanas a las minas.
Estos impactos han llevado a numerosos grupos ambientales y organizaciones de la sociedad civil a exigir la prohibición de la minería a cielo abierto, argumentando que los daños superan con creces los beneficios económicos. Además, la presión internacional por adoptar prácticas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente ha aumentado en los últimos años, lo que podría influir en la decisión final del gobierno.
¿Te gustó nuestra nota? ¡Contáctanos y deja tu comentario! AQUÍ
Conoce nuestra red ANCOP Network AQUÍ
Agregar comentario