Defender el medio ambiente en México no sólo implica luchar contra intereses económicos y políticos, sino también enfrentar la persecución y la criminalización, según un reciente informe presentado por Amnistía Internacional México.
“Defensores de la tierra y medio ambiente en México son objeto de estigmatización, hostigamiento, ataques y hasta asesinatos”, advirtió Edith Olivares, directora ejecutiva de la organización en el país. Con su informe, Amnistía Internacional busca movilizar a la sociedad mundial, buscando que el Estado mexicano deje de usar el sistema penal en contra de estas personas.
Bajo el título “México: Tierra y ¿libertad? Criminalización de Personas Defensoras de la Tierra, Territorio y Medio Ambiente», el informe se centra en cuatro emblemáticos casos: La Colonia Maya y Chilón en Chiapas, Zacatepec en Puebla y Sitilpech en Yucatán. En estos estados, defensores como Arturo Albornos, Elisabeth del Carmen Suárez y Alejandro Torres han denunciado la falta de acusaciones claras y la criminalización que enfrentan.
Suárez, titular de derecho de la Colonia Maya en Chiapas, apeló a las autoridades, aseverando que «no somos delincuentes». Demandó un desahogo de los expedientes en su contra, acusando falsedad en las imputaciones. Por su parte, Torres acusó directamente a los niveles de gobierno, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, tachándolos de «traidores».
Mónica Oehler, especialista en libertad de expresión para México, argumentó que estas personas están siendo enjuiciadas por obstrucción, pese a que la protesta pacífica es un derecho legalmente reconocido en México.
El panorama regional no es alentador. Según Global Witness, en 2022 se registraron 177 asesinatos a nivel mundial relacionados con la defensa del medio ambiente y los territorios. De estos, el 88% tuvo lugar en América Latina. México se encuentra entre los países con mayores incidencias, después de Colombia y Brasil.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que la situación de México es un reflejo de lo que ocurre en la región, donde «los intereses políticos y económicos son protegidos por los Estados».
Estos hallazgos emergen en un contexto donde los derechos humanos en México se encuentran en una crisis palpable, con más de 100,000 personas desaparecidas, múltiples periodistas asesinados y una creciente ola de feminicidios. En este entorno, aquellos que defienden su tierra y medio ambiente son especialmente vulnerables.
Con su informe, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades mexicanas para implementar medidas de protección para los defensores del medio ambiente y territorio, y busca generar conciencia global sobre la problemática.
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