Redacción: Raquel García
El Proyecto Júpiter de Nuevo México es criticado por falta de transparencia y planes de gas natural. Sus microrredes emitirían millones de toneladas de GEI, violando metas climáticas.
El Proyecto Júpiter, un controvertido complejo de centros de datos planificado para el sur de Nuevo México, sigue generando una profunda preocupación en la comunidad a pesar de la reciente aprobación de $165 mil millones en bonos por parte de las autoridades del condado de Doña Ana. La principal fuente de inquietud reside en la persistente falta de transparencia sobre el posible impacto ambiental del proyecto, especialmente en lo relativo a la calidad del aire regional.
Críticos, residentes y legisladores han protestado durante meses no solo por la cuantiosa inyección de fondos públicos, sino también por los planes para alimentar las instalaciones mediante centrales generadoras de gas natural. Esta elección energética genera dudas inmediatas sobre la capacidad del proyecto para alinearse con la Ley de Transición Energética del estado, la cual exige a las empresas de servicios públicos que migren hacia fuentes totalmente renovables para el año 2045.
Los planes para el Proyecto Júpiter contemplan la instalación de microrredes para su suministro eléctrico. Estas micro-redes, que pueden operar de manera independiente sin depender de la infraestructura de compañías como PNM o El Paso Electric, se alimentarán con gas natural.
Recientemente, Acoma, LLC, una filial de BorderPlex Digital Assets (la empresa detrás de Júpiter), emitió avisos públicos indicando su intención de solicitar dos permisos de calidad del aire ante el Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México. Las cifras contenidas en estos avisos desataron la alarma: en conjunto, las plantas de gas proyectarían la emisión de más de 14 millones de toneladas de gases de efecto invernadero (GEI) al año.
Aunque expertos como Stacy Tellinghuisen, de Western Resource Advocates, sugieren que la cifra de 14 millones podría ser un error tipográfico en el aviso de solicitud de permiso, estimando que las emisiones reales podrían rondar entre 2 y 4 millones de toneladas, el dato original subraya la magnitud potencial del impacto. De hecho, avisos previos publicados en octubre mencionaban cifras aún más elevadas, con una producción combinada de 46.6 millones de toneladas al año, lo que evidencia la falta de claridad en la planificación.
La ley estatal exige a empresas como Acoma, LLC, presentar avisos públicos antes de solicitar formalmente los permisos de calidad del aire, procedimiento que la compañía parece haber cumplido a pesar de las inconsistencias en las cifras.
Esta falta de transparencia, desde que el proyecto fue anunciado en febrero, ha motivado a residentes, legisladores y defensores del clima a organizarse. Algunos críticos han presentado demandas alegando que los líderes del condado votaron sobre una solicitud incompleta, mientras que una coalición ciudadana organiza transmisiones semanales denominadas “Jupiter Watch” para compartir hallazgos y aumentar la participación comunitaria ante un proyecto que, según los residentes, “se ha mantenido en la oscuridad”.
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