La reciente confrontación entre las comunidades de Ixtacamaxtitlán, Puebla, y la empresa minera canadiense Almaden Minerals ha escalado a nivel internacional. Los habitantes locales exigen que la minera pague por los daños ambientales y sociales provocados por sus operaciones, mientras que Almaden busca una indemnización del gobierno mexicano por la cancelación de sus concesiones.
Almaden Minerals, a través de su filial Minera Gorrión, inició operaciones mineras en Ixtacamaxtitlán con la extracción de oro y plata. Sin embargo, en 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó estas concesiones al determinar que no se realizó una consulta previa, libre e informada a la comunidad nahua y el ejido Tecoltemi.
Las comunidades locales, organizadas bajo la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, junto con otras 15 organizaciones, afirman que las actividades de la minera han causado graves daños ambientales, afectaciones a la salud, y ruptura del tejido social. Además, denuncian la criminalización y estigmatización de personas defensoras del medio ambiente.
La Unión de Ejidos Atcolhua ha solicitado que las autoridades mexicanas, incluyendo la Secretaría de Economía y el presidente Andrés Manuel López Obrador, permitan la presentación de pruebas y testimonios de las comunidades afectadas en el arbitraje internacional que Almaden ha iniciado. Exigen que se reparen los daños y que las comunidades indígenas reciban una indemnización justa.
Almaden Minerals ha solicitado un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), invocando el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). La empresa busca una indemnización de al menos 200 millones de dólares por la cancelación de sus concesiones mineras.
Estudios realizados por autoridades federales y organizaciones ambientales han concluido que la minería no es factible en la región debido a los impactos negativos en el medio ambiente y la salud de la población. La Evaluación de Impacto a los Derechos Humanos también ha documentado los daños causados por las operaciones mineras.
El pronunciamiento de la Unión de Ejidos Atcolhua cuenta con el respaldo de múltiples organizaciones, incluyendo Servicios Ambientales Amelatzinhualahtoc A.C., Unidad Indígena Totonaca Náhuatl, y el Centro de Estudios Ecuménicos, entre otros. Estas organizaciones subrayan la necesidad de que el Tribunal de Arbitraje considere la opinión de las comunidades afectadas como parte del proceso.
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