Redacción: Hena M. Andrés Cuevas
Los países impulsores de la COP30 proponen que las grandes compañías energéticas y las fortunas más altas aporten más recursos para apoyar a las naciones que enfrentan los mayores impactos del cambio climático.
El cambio climático no solo está alterando ecosistemas, sino también la forma en que el mundo ve la energía. En los últimos días, una propuesta internacional volvió a poner al sector energético bajo los reflectores: un plan para aplicar impuestos a las grandes fortunas y a las compañías de combustibles fósiles con el fin de financiar ayuda a los países más pobres, los mismos que enfrentan los impactos más duros del calentamiento global.
El informe fue presentado por los gobiernos de Azerbaiyán y Brasil como parte del proceso previo a la COP30, la cumbre climática que se realizará en Belém el próximo año. La idea es reunir fondos significativos más de 1.3 billones de dólares anuales hacia 2035 para impulsar medidas de adaptación y mitigación en naciones vulnerables. Pero, a diferencia de otros acuerdos climáticos, esta vez el énfasis está en que las grandes empresas del sector energético y las economías más ricas asuman una parte más justa del costo.
El documento señala que las ganancias récord de las petroleras en los últimos años contrastan con las dificultades de muchos países que apenas pueden enfrentar sequías, inundaciones o pérdidas agrícolas causadas por el cambio climático. Por eso, plantea la necesidad de que esas mismas compañías contribuyan con una tasa especial, una especie de “fondo de responsabilidad”, que serviría para financiar energía limpia, proyectos de reforestación y mejoras en infraestructura ambiental.
La discusión llega en un momento clave. El sector energético es el mayor emisor de gases de efecto invernadero, pero también el que tiene más capacidad económica para impulsar la transición hacia fuentes sostenibles. Muchos expertos señalan que no se trata solo de castigar, sino de redirigir recursos: si parte de las ganancias del petróleo y el gas se destina a desarrollar energía solar, eólica o de hidrógeno verde, el impacto global podría ser enorme.
Sin embargo, no todos están de acuerdo. Algunos gobiernos y empresas temen que estos impuestos frenen la inversión o encarezcan la energía, especialmente en países que aún dependen de los combustibles fósiles. Otros sostienen que la medida sería un paso necesario para corregir décadas de desigualdad ambiental: los países y empresas que más han contribuido al problema deben ser los primeros en financiar su solución.
El debate sigue abierto, pero algo está claro: el papel del sector energético está cambiando. Ya no se trata solo de producir más energía, sino de hacerlo de forma responsable, asumiendo el impacto ambiental y social que conlleva. Lo que antes era una industria centrada en la extracción, ahora podría convertirse en la base de una transformación global hacia un futuro más sostenible.
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