Redacción: Guicel Garrido
A pesar de un potencial inmenso, el sector de energías limpias en México se enfrenta a un estancamiento. Expertos urgen al Gobierno a corregir de inmediato las políticas regulatorias, permitir la operación de parques eólicos ya construidos y priorizar la inversión en almacenamiento y fortalecimiento de la red para evitar que la meta de descarbonización para 2030 se vuelva inalcanzable.
El futuro energético de México está en un punto de inflexión. A pesar de su vasto potencial solar y eólico, el ritmo de crecimiento de las energías renovables se ha estancado, y revertir esta tendencia requiere una corrección inmediata en las políticas energéticas actuales. La transición energética del país no solo es crucial para cumplir con los compromisos globales de descarbonización para 2030, sino que también representa una oportunidad de desarrollo económico y social que no puede esperar más.
Uno de los cuellos de botella más apremiantes es la necesidad de fortalecer la red de transmisión y distribución eléctrica. Un sistema robusto es esencial para integrar la naturaleza intermitente de la energía solar y eólica, asegurando un suministro estable y eficiente. Sin embargo, un problema igualmente crítico es la situación de los parques eólicos ya construidos cuya operación ha sido obstaculizada o retrasada. Permitir que estos proyectos operen de inmediato inyectaría capacidad limpia al sistema y enviaría una señal de confianza a los inversionistas.
El crecimiento exponencial de las renovables pasa por la integración de sistemas de almacenamiento de energía. Tecnologías como las baterías a gran escala son fundamentales para gestionar el exceso de energía generado durante las horas pico de sol o viento, y luego liberarla cuando sea necesario. Esto maximiza la eficiencia de los parques renovables y estabiliza la red, avanzando hacia un sistema energético más flexible y resiliente.
Los proyectos de energía limpia son más que una simple fuente de electricidad; son motores de desarrollo comunitario. Cuando se implementan con una visión de inclusión, estos proyectos generan empleos locales –desde la construcción hasta el mantenimiento–, impulsan la mejora de la infraestructura de transporte y caminos, y pueden apoyar directamente a las actividades económicas locales a través de convenios y fondos de desarrollo social. Esta participación activa de las comunidades asegura que la transición energética sea justa y equitativa.
La inacción tiene un costo elevado, el tiempo es un recurso escaso que amenaza con comprometer la implementación de políticas públicas en el contexto de la descarbonización. México tiene la capacidad, los recursos naturales y la tecnología para retomar un camino de crecimiento exponencial en energías limpias. La clave está en adoptar un marco regulatorio que priorice la certidumbre jurídica, impulse la inversión en infraestructura de red y almacenamiento, y permita la plena operación de la capacidad ya instalada. El momento de actuar es ahora para asegurar un futuro energético sostenible y competitivo.
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