Redacción: Ximena Zarahi Moreno Luna
La modificación del Artículo 118 podría paralizar minas en regiones montañosas y afectar a millones que dependen de la industria, advierten sus representantes.
La discusión actual en el Congreso de la Unión sobre la reforma de la Ley de Aguas Nacionales ha prendido los focos de alerta en torno al futuro del sector minero en México. La concerniente modificación al Artículo 118, impulsada por la mayoría legislativa, podría tener consecuencias profundas: desde la restricción de nuevas instalaciones mineras hasta la paralización de minas ya operativas, lo que ha generado preocupación en la industria a nivel nacional.
La Cámara Minera de México (Camimex), que agrupa a la mayoría de las empresas del sector, advirtió que la redacción propuesta “prácticamente prohíbe” la construcción de infraestructura minera en gran parte del territorio nacional, sobre todo en las zonas montañosas donde se concentran la mayoría de las minas. Esto podría frenar la producción de metales y minerales esenciales para diversas industrias, comprometer cadenas de suministro y también poner en riesgo los empleos directos e indirectos vinculados a la minería.
Desde la perspectiva de Camimex, la minería formal y regulada no vierte desechos tóxicos en cuerpos de agua, ríos o zonas federales. Las actividades mineras actuales usan depósitos y depósitos de jales especializados, así como sistemas de tratamiento, conforme a normativas ambientales nacionales vigentes y estándares internacionales de seguridad. Para operar, las empresas requieren autorizaciones de la autoridad ambiental, supervisión constante y cumplimiento estricto de sus obligaciones.
Por ello, la industria solicita que la reforma a la Ley garantice con claridad que los residuos mineros serán confinados de forma segura, y que se mantenga la posibilidad de construir infraestructura técnica diseñada para uso minero, siempre bajo supervisión ambiental estricta. Camimex argumenta que una prohibición amplia, como la que sugiere la nueva redacción, carece de fundamentos técnicos y vulnera la seguridad productiva del país.
El impacto va más allá de la minería misma. Con un estimado de más de 3 millones de personas que dependen directa o indirectamente del sector, la paralización podría desatar una crisis laboral y socioeconómica en regiones donde la minería es factor clave de empleo e inversión.
Especialistas en economía y desarrollo advierten que esta situación podría debilitar industrias conexas, como manufactura, construcción, tecnología, automotriz y metalurgia, debido al faltante de minerales y metales necesarios. Por lo tanto, lo que se debate en el Congreso no sólo afecta al agua, sino también a la competitividad del país.
Ante este panorama, Camimex hace un llamado respetuoso, pero urgente, a los legisladores: pide que no se vote la reforma sin un análisis técnico profundo, sin evidencia y sin considerar las consecuencias reales — en empleo, economía, soberanía industrial y desarrollo regional. Además, insiste en que cualquier regulación debe reconocer las prácticas responsables ya existentes, y acompañarse de reglas claras de supervisión y transparencia.
El debate está abierto: depende del Congreso decidir si prioriza la conservación del agua, sin comprometer la minería responsable, o si impone una restricción que podría sacudir el tejido productivo y social del país entero.
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