Redacción: Ximena Zarahi Moreno Luna
PVEM y PT cuestionaron la pertinencia de una reforma profunda y ponen en riesgo la mayoría calificada que Morena necesita en San Lázaro y el Senado.
Aún sin haber llegado formalmente a la Cámara de Diputados, la propuesta de Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum ya provoca tensiones internas dentro del bloque oficialista. La iniciativa, elaborada por una comisión integrada exclusivamente por morenistas designados por la mandataria, ha generado dudas, inconformidades y advertencias abiertas por parte de los aliados clave de Morena: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).
Aunque desde Morena se insiste en que existe disposición para impulsar la reforma presidencial, el propio coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal, ha dejado claro que la decisión final recaerá en los diputados y en los grupos parlamentarios. Esta postura contrasta con el creciente malestar de los aliados, quienes no solo cuestionan el contenido de la reforma, sino también el proceso mediante el cual fue elaborada, al haber sido excluidos por completo de la comisión redactora.
En el caso del PVEM, fuentes cercanas a la dirigencia nacional aseguran que Jorge Emilio González Martínez, líder histórico del partido, no está convencido de que México requiera en este momento una reforma electoral de fondo. La falta de consulta previa y el desaire político habrían generado un ambiente de distancia con Morena, al grado de que legisladores verdes ya afirman que su partido no acompañará la iniciativa presidencial.
El peso político del PVEM no es menor. En la Cámara de Diputados cuenta con 62 legisladores y en el Senado con 18 escaños. Sin ese respaldo, Morena tendría serias dificultades para alcanzar la mayoría calificada necesaria para aprobar reformas constitucionales, tanto en San Lázaro como en la Cámara Alta. La aritmética legislativa coloca a los verdes como un actor indispensable en el futuro de la reforma.
A esta reticencia se sumó el Partido del Trabajo, cuyos liderazgos también han expresado dudas públicas sobre la viabilidad y necesidad de modificar el sistema electoral en el contexto actual. El coordinador de la bancada petista en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, fue enfático al señalar que la Cuarta Transformación depende directamente de las decisiones que tomen el PT y el PVEM cuando se trata de reformas constitucionales.
Sandoval recordó que Morena cuenta con 253 diputados, lejos de los 335 votos requeridos para una reforma de esta magnitud. “Sin el PT no da, sin el Verde no da”, afirmó, subrayando que la aprobación solo sería posible mediante una suma real de aliados. Además, cuestionó si resulta prioritario abrir un debate electoral cuando el oficialismo ya controla los tres Poderes de la Unión.
Desde la óptica del PT, México atraviesa un momento internacional complejo que debería concentrar la atención del gobierno federal. Las tensiones geopolíticas, particularmente en la relación con Estados Unidos, y los escenarios observados en otros países de la región, como Venezuela, son citados por los petistas como razones para priorizar la unidad política interna por encima de reformas estructurales al sistema electoral.
El trasfondo del conflicto parece ir más allá del contenido técnico de la reforma. Tanto el PT como el PVEM han dejado entrever que su inconformidad responde al trato político recibido por Morena y por la Presidencia, al ser excluidos de la discusión inicial. Para ambos partidos, el mensaje fue claro: no fueron considerados actores relevantes en una iniciativa que, paradójicamente, no puede prosperar sin sus votos.
Analistas políticos coinciden en que esta postura crítica podría formar parte de una estrategia de negociación. Con el proceso electoral de 2026 en el horizonte, temas como candidaturas, posiciones estratégicas y acuerdos locales podrían convertirse en moneda de cambio para asegurar el respaldo a la reforma. En este escenario, la iniciativa presidencial corre el riesgo de convertirse en un campo de negociación más que en un proyecto de consenso.
La reacción de la presidenta Sheinbaum y de los principales operadores políticos de Morena, como Ricardo Monreal y Adán Augusto López, será determinante. La capacidad del oficialismo para recomponer la relación con sus aliados definirá si la reforma electoral avanza, se modifica sustancialmente o queda estancada por falta de apoyos.
Lo cierto es que, en medio de prisas legislativas y tensiones internas, la llamada granja oficialista muestra señales de fractura. Sin los votos del PT y el PVEM, la reforma electoral no solo enfrenta obstáculos técnicos, sino un escenario político que podría condenarla al fracaso antes siquiera de iniciar su discusión formal en el Congreso.
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