Redacción: Guicel Garrido
Un hombre fue detenido en Guadalupe, Nuevo León, acusado de comercio ilegal de especies protegidas. La División Ambiental de la Fuerza Civil interceptó al sospechoso en la colonia San Rafael, donde se le encontró un cocodrilo moreletii de pocas semanas de vida. Se presume que el animal era ofrecido a través de redes sociales. Esta especie, también conocida como cocodrilo de pantano, está protegida por la legislación ambiental mexicana debido a su vulnerabilidad, lo que subraya la gravedad del delito.
La detención fue resultado de labores de inteligencia y seguimiento en plataformas digitales, lo que evidencia la creciente necesidad de vigilancia en el ámbito digital para combatir el tráfico de fauna. Tras el arresto, el hombre quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal y el destino del animal incautado. Este incidente pone de manifiesto cómo el comercio informal y digital sigue siendo un canal para el tráfico ilegal de especies, afectando gravemente a la biodiversidad y a los ecosistemas.
El comercio ilegal de especies silvestres es una de las mayores amenazas para la biodiversidad de México, un país megadiverso. Animales como el cocodrilo moreletii desempeñan funciones ecológicas cruciales, como el control de poblaciones y el mantenimiento de humedales.
La extracción de estos ejemplares de su hábitat natural interrumpe las cadenas alimenticias y reduce la capacidad de autorregulación de los ecosistemas. Además, muchos de los animales traficados no sobreviven al transporte o a las condiciones de cautiverio, lo que agrava la pérdida de fauna.
En México, la posesión, transporte o venta de fauna protegida está regulada por la SEMARNAT y la PROFEPA. El cocodrilo moreletii está clasificado como especie sujeta a protección especial y su comercialización requiere permisos oficiales. Quienes posean un animal protegido deben contar con documentación que acredite su procedencia legal e instalaciones adecuadas para su bienestar. La omisión de estos requisitos puede resultar en multas significativas y penas de prisión de hasta nueve años, dependiendo de la gravedad del delito, buscando así disuadir la captura y venta clandestina.
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